“La corrupción es la que no ha permitido que mejoremos más en calidad”: superintendente de Salud

El sistema de salud en Colombia tomó relevancia durante la pandemia, tanto que el Gobierno nacional tuvo que aumentar su inversión para subsanar las deudas que sobrepasaban los 11 billones de pesos, de los cuales, según el Ministerio de Salud, se han cubierto 6.2 billones.

“Nosotros recibimos cuentas por 11 billones de pesos atrasadas que habían afectado a las IPS y los hospitales de manera severa”, señaló Femando Ruiz, ministro de Salud hace algunas semanas, y argumentó que realmente serían 7.3 billones, debido a que el excedente correspondía a cuentas vencidas, que no existían o que ya fueron pagadas. Actualmente, “hemos pagado $6.2 billones y antes de agosto cerraremos con $7.3 — expuso el funcionario —. Eso significa salgar el pasado histórico de diez años en los cuales el sistema y las instituciones arrastraban deudas brutales”.

Pese a los esfuerzos que se han hecho para que el sistema funcione de forma adecuada, de acuerdo con el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, el problema sigue siendo la corrupción que se ha creado alrededor de los centro de atención y que al día de hoy a dejado profesionales sin pago, clínicas y hospitales cerrados, EPS en quiebra y demás.

En el diálogo que sostuvo con el medio colombiano, también contó que durante los últimos 10 años se han encontrado más de 70 modalidades de saqueo para robarse los dineros de la salud y que las mafias que lo hacen están compuestas por gobernantes, gerentes, abogados, administradores y un sinnúmero de personajes.

“En estos últimos años hemos descubierto más de 70 modalidades de saqueo para robarse los dineros de la salud. Esto es como la Hidra de la mitología griega: cada vez que le cortamos una cabeza, le aparecen dos”, señaló el superintendente.

Un ejemplo es un caso que volvió a sonar el 3 de abril, en el que condenaron a cuatro personas por usar dinero de la salud para campaña política en La Guajira. El acto de corrupción se realizaría en 2011, luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania, en La Guajira, y el Hospital San Rafael. En el acuerdo de 18.900 millones de pesos se pretendía desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes.

En el material de prueba recolectado por el ente investigador se evidenció que los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos: tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania, ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.

En este sentido, Aristizábal hizo una alerta importante sobre las consecuencias que tiene la corrupción para el sistema: “Hemos encontrado más de 400 hospitales públicos que están en crisis por malas administraciones y hemos tenido que intervenir forzosamente en 17 de ellos, para empezar a recuperarlos”.

Y concluyó: “De nada serviría cambiar las reglas, el modelo, el sistema mismo y hasta las leyes, si vamos a dejar que persistan los mismos actores que siguen apoderándose de los recursos de la salud”.

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