El Ejército colombiano ha estado siendo sometido a decenas de cuestionamientos a causa del operativo que se adelantó en Putumayo el pasado 28 de marzo. Aunque la fuerza pública y el Estado han asegurado que las acciones se desarrollaron bajo toda la legalidad, la comunidad, de la mano de periodistas, ha denunciado que en el lugar fueron asesinados civiles. El Ejército de Ecuador aseguró que comparte las mismas preocupaciones de sus pares colombianos y que respalda al general Eduardo Zapateiro.
El comandante de esa institución general ecuatoriana, Luis Enrique Burbano, destacó que los hechos delincuenciales que afectan a aquella zona de Colombia tienen un ‘efecto incidental’ en la frontera con Ecuador. “Compartimos la misma preocupación de las autoridades colombianas, sobre la presencia de grupos ilegales en las zonas limítrofes de ambos países que están afectando el orden público”, manifestó el oficial.
“Al conocer los hechos violentos que los grupos irregulares de Colombia están efectuando en el departamento del Putumayo, cuyos efectos inciden también en las provincias fronterizas, principalmente de Sucumbíos, te manifiesto, apreciado Eduardo, que tenemos y compartimos las mías preocupaciones”, añadió el general ecuatoriano.
El alto mando de la fuerza pública ecuatoriana destacó que reforzará las acciones para impedir cualquier actitud violenta proveniente de bandas criminales colombianas asentadas cerca a la frontera.
“El señor jefe del comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha impartido las disposiciones a las unidades del Ejército ecuatoriano de la frontera norte para que redoblen esfuerzos en nuestro territorio a fin de impedir que estos actos violentos del grupo autodenominado Comandos de la Frontera incidan en la seguridad de los ciudadanos que habitan en las zonas limítrofes”, recalcó.
Esta semana, la Oficina en Colombia de la ONU Derechos Humanos cuestionó la operación militar adelantada en la Vereda Alto Remanso en Puerto Leguizamo, Putumayo. Allí fallecieron 11 personas. La entidad le pidió a la Fiscalía “una investigación exhaustiva” y asumir “todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido”.
Aquel organismo destacó que en la zona se realizaba un bazar para recaudar fondos, en el que habrían participado alrededor de 200 personas. “El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres (...) Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal, en Alto Remanso resultaron muertas al menos once personas y cinco más quedaron heridas”, se lee en el comunicado.
La Oficina en Colombia de la ONU Derechos Humanos advirtió que, “según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”.
En una entrevista con Noticias RCN, el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro, aseguró que no se trataba de un bazar y que, por el contrario, era un “centro de acopio donde estaba negociando pasta base de cocaína”.
Así mismo, confesó que aquella no era la primera vez en la menores de edad y mujeres embarazadas se veían afectadas por un operativo del Ejército. En esta acción de la fuerza pública fallecieron Brayan Santiago Pama, un menor de edad de 16 años; Ana María Sarrias, una mujer en embarazo; Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal; y Pablo Panduro Coquinche, gobernador Indígena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso.
“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes, colombianos combatientes (...) Fue una operación planeada y acompañada por una inteligencia dominante dirigida contra una estructura criminal, el Gaor 48”, dijo en su charla con ese medio.
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