El GAO Residual ‘Jorge Briceño’ sería responsable del crimen de los cuatro militares en zona rural del municipio de la Uribe en el departamento del Meta de acuerdo con informaciones provistas por el Ejército de Colombia.
De acuerdo con el general Antonio Beltrán, comandante de la Cuarta División del Ejército, los efectivos militares fueron atacados de de manera indiscriminada con artefactos explosivos y ráfagas de fusil mientras realizaban operaciones de control en esta área del departamento del Meta.
“Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de adelantar los actos urgentes y establecer las responsabilidades de este hecho”, manifestó el general Beltrán, quien envió un mensaje de condolencia a las familias de los uniformados.
Estos fueron identificados como el Sargento Viceprimero Javier Torres Hoyos y los soldados profesionales José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva y Daniel Eduardo Morales González; además otro soldado resultó herido y fue trasladado al Hospital Militar de la capital del Meta.
Para el general Beltrán, los hechos acaecidos en Uribe (Meta) fueron “un acto terrorista” que constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, además afirmó que este ataque terrorista será denunciado ante la comunidad internacional.
Así mismo aseguró mostrarse confiado en la pronta recuperación del soldado herido e indicó que en Uribe se están desarrollando operaciones militares con el fin de dar con los responsables de este acto criminal que enlutó al Ejército Nacional.
En ese sentido, el ministro de Defensa Diego Molano en su cuenta de Twitter calificó de “cobardes” a los autores de este atentado contra los efectivos militares y aseguró que las autoridades capturarán a los asesinos de los cuatro militares.
Enviado de la ONU solicita investigación exhaustiva respecto al operativo militar en Putumayo
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación, solicitó una investigación profunda al operativo del Ejército ocurrido en Putumayo que ha sido cuestionado por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre ellas la muerte de civiles presentados como bajas en combate y supuestos miembros de organizaciones armadas.
“El departamento de Putumayo se ha visto afectado por la violencia en las últimas semanas. Subrayo la importancia de una profunda investigación de las autoridades en la muerte de 11 personas, incluyendo indígenas y líderes comunales en el contexto de una operación contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguizamo”, sostuvo Massieu ante el Consejo de Seguridad de la ONU y antes de la intervención del presidente Iván Duque en ese organismo.
Antes de hablar de la situación presentada en Putumayo, el jefe de la Misión de Verificación señaló que hace dos semanas visitó Arauca. “Región que enfrenta una situación crítica, más de 100 personas fueron asesinadas y miles desplazadas por la fuerza este año”, por lo que elevó ante del Consejo el llamado de las organizaciones sociales para que se tomen medidas que reduzcan la violencia.
“Arauca es ejemplo de la situación de violencia en varias regiones olvidadas que tienen que hacer frente a los grupos armados ilegales, las economías ilícitas y la presencia limitada del Estado”, agregó Ruiz Massieu, una situación que también viviría Putumayo.
“La violencia también está cobrando un elevado precio sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas, con formas de asesinatos, desplazamientos y reclutamiento de menores”, agregó el jefe de la Misión de Verificación.
En ese sentido, instó también a la implementación del Acuerdo de Paz, que cuenta con un abanico de mecanismos interrelacionados, no solo para acabar la violencia con las Farc, sino factores muy arraigados que generan violencia en el país.
“Los avances para lograr las reformas rurales, que son necesarias desde hace tanto tiempo, y contra los narcóticos en especial a través de la sustitución voluntaria de cultivos, reforzará la reintegración y la seguridad”, señaló el representante ante la ONU.
El operativo en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguizamo en Putumayo, ha sido justificado por el ministro de Defensa, Diego Molano, debido a la presencia de lo que ha llamado “narcococaleros”, es decir relacionados con los cultivos ilícitos.
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