Denuncian irregularidades en captura de gobernador indígena Reinaldo Quebrada Quilcué

Entre las banderas del Gobierno colombiano para hacerle frente a la deforestación, a la protección de los océanos y a la biodiversidad, se encuentra la estrategia militar “Operación Artemisa”. Según el presidente Iván Duque, esta fue creada en 2018 para frenar “la hemorragia deforestadora”.

Una de las acciones de esta estrategia lidera por el Ministerio de Defensa sucedió el pasado 5 de marzo. Ese día, tropas del Ejército Nacional llegaron a la vereda El Triunfo, un territorio ubicado entre Meta y Caquetá. En medio de las operaciones militares, las autoridades anunciaron la captura de cinco campesinos acusados de deforestar y ocupar predios de parques naturales protegidos.

Sin embargo, las comunidades indígenas asentadas en esta zona del país han venido denunciando los múltiples hechos de violaciones de derechos humanos, que se han generado en medio de las operaciones de Artemisa. El 18 de septiembre de 2021, aseguró el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Fuerzas Militares llegaron a la misma vereda El Triunfo, quemaron cuatro casas y detuvieron a tres personas.

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Respecto a estas operaciones, la comunidad indígena se pregunta si la campaña militar está llegando a los reales deforestadores o solo se está poniendo el peso del delito sobre el campesinado. Por esas razones, autoridades indígenas del Cauca le aseguraron al medio local El Cuarto Mosquetero que han empezado ha actuar por justicia propia.

Esa tarde del 5 del marzo, cuando los militares capturaron a los cinco campesinos del municipio de Vista Hermosa (Meta), la comunidad indígena se dirigió a la estación militar municipal a pedir la liberación de las personas. En declaraciones a la Defensoría del Pueblo, el pueblo indígena aseguró que “fueron a recibidos a bala por 12 miembros de las Fuerzas Militares”.

Uno de esos disparos habría impactado en el cuerpo del campesino Julián Andrés Suárez, quien murió en el instante. Además, tres lugareños habrían resultado heridos.

Por medio de la justicia propia, las comunidades indígenas capturaron a un soldado del Ejército Nacional y lo retuvieron durante dos días, mientras se acercaban autoridades estatales para llegar a un acuerdo. Reinaldo Quebrada Quilcué, gobernador indígena fue quien lideró esta acción. Quilcué fue uno de los campesinos capturados durante la operación de principios de marzo.

Entre los delitos que le impuso la Fiscalía General de la Nación se encuentra el de secuestro exhortito. Durante su retención, el oficial recibió como castigo 15 latigazos en sus piernas. Según la defensa del gobernador indígena:

El juicio contra Quebrada Quilcué fue el pasado 4 de abril. “Para el abogado de Reinaldo, la entrega del soldado a la justicia indígena se hizo de manera voluntaria, firmó la constancia de que no hubo maltrato y por ende se desvirtúa que hubo secuestro”.

No obstante, para la jueza el militar lo hizo obligado por la presión, afán y temor de la retención y que además, según parte médico, tuvo escoriaciones en el cuello, heridas en la cabeza, contusiones en piernas y párpados, más las heridas en las piernas, fuera del trauma psicológico. Durante la audiencia Juan Sebastián no encendió la cámara ni habló

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