La Fiscalía General de la Nación informó recientemente sobre la captura y judicialización de un médico y una enfermera que realizaban abortos clandestinos a integrantes del ELN. Según pudo establecer la investigación adelantada por la entidad, además estos procedimientos se hacían sin el consentimiento de las mujeres embarazadas.
De acuerdo con la Fiscalía, el médico y la enfermera colaboraban con la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, no solo en ese tipo de procedimientos clandestinos, sino también en todo lo relacionado con la salud de los integrantes de esa ese grupo ilegal.
Los profesionales de la salud involucrados en estos hechos fueron identificados como Carlos Antonio Valdés Zuluaga y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys.
La Fiscalía General de la Nación estableció que Valdés Zuluaga al parecer era el gerente de un centro médico ubicado en Saravena, Arauca; además, era uno de los profesionales adscritos al hospital municipal.
Además del médico y la enfermera mencionados anteriormente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.
Así operaban los profesionales de la salud con el grupo armado ilegal
De acuerdo con las investigaciones que adelantaron miembros de la Fiscalía General de la Nación, los profesionales de la salud al parecer facilitaban el ingreso de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales a los centros asistenciales de la zona. Además, supuestamente les brindaban tratos privilegiados a los miembros de esa estructura ilegal.
Así mismo, tanto el médico como la enfermera habrían viajado en varias ocasiones a los campamentos de la estructura criminal, ubicados en Venezuela, según la Fiscalía, para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.
El ente investigador además aseguró que obtuvo el testimonio de una mujer que desertó: esa persona aseguró haber sido víctima de un aborto clandestino no consentido por parte del médico Carlos Antonio Valdés.
El ente investigador también afirmó que la mujer entregó declaraciones en las que asegura que al menos 40 mujeres, la mayoría menores de edad, pasaron por un aborto no consentido realizado por los profesionales de la salud procesados.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, de acuerdo con el posible nivel de responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Los señalados no aceptaron los cargos.
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