“Tortura y homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas gubernamentales”: fuertes señalamientos del Departamento de Estado de EE.UU en contra de Colombia

La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió el informe anual sobre distintas prácticas de derechos humanos en el año 2021, abarcando una gran proporción de países, dentro de las naciones estudiadas por el país norteamericano, se encuentra Colombia, en este caso, la administración de Joe Biden entregó un dossier que destaca distintas dinámicas en relación al respeto a los derechos humanos en el territorio colombiano, tanto para autoridades como civiles, desvelando un preocupante panorama.

Claramente en este informe destaca distintos aspectos que también resaltan la pertenencia del Estado en distintos aspectos, pues señalan que el Gobierno Nacional ha escuchado distintos llamados de atención que buscar resaltar la protección de los derechos humanos, además, destaca la participación política de distintos sectores que pueden ser considerados como oposición en el país, por otro lado, respecto al panorama a de líderes sociales, también se pondera la participación de la Unidad de Protección para salvaguardar la vida de los mismos ante el contexto beligerante del país.

Este dossier esboza que el Gobierno Nacional ha sido receptivo ante la intervención de organizaciones internacionales por vulneración de derechos humanos y de igual forma, se ha señalado la imposición de sanciones gubernamentales ante procedimientos corruptos que puedan afectar el normal desarrollo de la política colombiana, sin embargo, también criticó el caso del Ministerio de las TIC, respecto la perdida de dineros que estaban destinados a la conexión de Centros Poblados.

Entretanto, se congratuló la gestión realizada en relación a los permisos temporales para la población migrante venezolana, que, hasta agosto del año 2021, estaba constituida por cerca de 1.7 millones de personas. Además de los beneficios gubernamentales que los favorecen, destacando el sistema de protección temporal que se extiende hasta en 10 años.

El documento del Departamento de Estado señaló a la Fuerza Pública sobre distintas situaciones ilegitimas en su actuar, a su vez, destacaron la vulneración de los derechos de la población por parte de los grupos armados que recurrían al reclutamiento y otras dinámicas de guerra, frente a esto se expuso: “las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados; violación y abuso de mujeres y niños”.

En el marco del paro nacional del año anterior, fueron evidentes las denuncias en contra de las autoridades, aunque el Gobierno Nacional les dio prioridad a algunos casos, muchos de estos no cobraron la relevancia necesaria, respecto al tema, se destacó: “los miembros del ejército y la policía acusados de tortura generalmente fueron juzgados en tribunales civiles en lugar de militares. Las ONG, incluida Human Rights Watch, informaron que la policía golpeó y agredió sexualmente a los manifestantes durante las protestas nacionales de abril a junio”.

Dentro de las capturas relacionadas por las autoridades en épocas de manifestación civil, muchas fueron consideras como arbitrarias por distintas organizaciones garantes de los derechos humanos, en este sentido, se aseguró: “otras ONG proporcionaron estimaciones más altas de detenciones arbitrarias, reportando más de 2,000 casos de arrestos arbitrarios, detenciones ilegales o privaciones ilegales de libertad cometidos en el contexto de las protestas nacionales”.

Asimismo, cobró fuerza el tema de los falsos positivos, el cual en la última semana también fue protagonista por el caso en donde presuntamente el Ejército habría ejecutado a varios civiles en Putumayo, en este caso, el informe destacó las denuncias recibidas y trajo a colación el bombardeo de marzo del año anterior en donde varios menores murieron, en relación al tema el dossier puntualizó: “se acusó al ejército de algunos asesinatos, algunos de los cuales, según los oficiales militares, fueron “errores militares”. En otros casos, los oficiales militares dijeron que creían que un individuo luchaba en nombre de un grupo armado, mientras que los miembros de la comunidad dijeron que la víctima no era un combatiente. El 2 de marzo, el ejército bombardeó un sitio de disidentes de las FARC en Guaviare y reportó la muerte de 13 disidentes de las FARC”.

A su vez, tanto ONG’S, prensa como la población civil, señalaron al Estado por distintas amenazas u hostigamientos en la temporada de protestas, a su vez, se destacó el musculo publicitario que usó el Gobierno Nacional para resaltar en los medios, señalando “las ONG y los periodistas denunciaron un aumento del hostigamiento y las amenazas por parte de los funcionarios estatales, incluidos los policías, durante la cobertura de las protestas en todo el país. La violencia y el acoso, así como la criminalización de la difamación, inhibieron la libertad de prensa, y el gobierno influyó con frecuencia en la prensa, en parte a través de sus grandes presupuestos publicitarios”.

Este informe también subrayó la interferencia que tuvo la población civil en su conexión a internet, pues en muchas ocasiones se denunció la presencia de inhibidores de red que restringía el acceso total a algunas redes de comunicación. A su vez, se elevan los cuestionamientos por el recrudecimiento de la violencia en contra de líderes sociales y poblaciones indígenas que han sido azotadas por la criminalidad en los últimos meses.

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