Secuestrados, asesinados y abandonados: así fue la tragedia de los periodistas ecuatorianos de El Comercio masacrados por las Farc

Silencio. Después del ruido de los 16 entre la fecha del secuestro y la confirmación del asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador en la frontera con Colombia, solo ha habido silencio. Los gobiernos de ambos países no han avanzado en la investigación más allá de dos condenas y la ausencia de certezas ha mantenido sin respuesta, durante cuatro años, varias dudas.

¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta el momento de su asesinato? ¿Por qué se frustró su liberación? Son las preguntas que señala la organización Periodistas Sin Cadenas y Fundamedios que se mantienen sin respuesta pese a los cuatro años de uno de los casos de ataque a la prensa más graves en Colombia y Ecuador.

Yadira Aguagallo, periodista y novia del fotógrafo asesinado Paúl Rivas, asegura que “hay que decirlo con con con nombre y apellido: el caso ha quedado ya en la impunidad. Cuatro años eran suficientes para investigar, cuatro años eran suficientes para determinar responsabilidades, para por lo menos estar en una etapa de juicio; sin embargo no es lo que ocurre el la investigación que se abrió el 26/03/2018 continúa en etapa de investigación”.

Ella considera que en este tiempo se a establecido una política sistemática de silencio, de ocultamiento de la información y de no acceso a justicia en el caso Nos Faltan 3, y solamente los colegas de las víctimas, los mismos periodistas, han tratado de impulsar la verdad faltante sin la ayuda de los estados, como sostiene el director de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Filp), Jonathan Bock en Colombia.

Para los primeros meses del año 2018, en la frontera entre Ecuador y Colombia se vivió una fuerte escalada de acciones violentas. Bombas y hostigamientos contra militares, así como ataques a la población civil habían sido la noticia semanal en esa zona.

La situación había llamado la atención del periodista Javier Ortega, quien había viajado varias veces a la zona para informar al país sobre el establecimiento de unas redes de narcotráfico con presencia de carteles mexicanos y disidencias de las Farc de Colombia.

Planeó un nuevo viaje, para confirmar información de un chat secreto entre las autoridades y los criminales. Paúl Rivas, un veterano fotógrafo de el diario El Comercio lo acompañaría y el conductor sería Efraín Segarra, un hombre de 60 años que había trabajado la mayor parte de su vida con periodistas del medio y aunque no trabajaba allí, parecía un reportero más con su propia cámara fotográfica.

El lunes 26 de marzo salieron de madrugada. A las 9:00 de la mañana, aproximadamente cruzaron el control militar camino de la población de Mataje, en la frontera, una zona víctima de hostigamientos y que para entonces era muy peligrosa.

El último registro que se tiene, son las fotografías de las credenciales que hicieron en el control militar y algunos testimonios de personas que les indicaron dónde quedaba el puente entre Ecuador y Colombia. Pero no se volvió a saber de su paradero.

No hasta dos días después, cuando ya el periódico y los familiares alertaban de su desaparición, que el ministro del interior de Ecuador, César Navas, informó que el equipo periodístico había sido secuestrado. Lo supo por el chat secreto entre el mayor Alejandro Zaldumbide, de acuerdo el medio GK, con las disidencias de las Farc, que le envió una fotografía de los comunicadores y el conductor, el 26 de marzo, con la amenaza de que si no recibía respuesta “desaparecerán esos señores”.

De acuerdo con la Flip, “ese mismo 28 de marzo en la noche, el entonces fiscal ecuatoriano, Carlos Baca, se trasladó a la base naval de San Lorenzo, ubicada cerca a la frontera con Colombia, para recibir a los secuestrados”.

El gobierno ecuatoriano había recibido información de la liberación y que podrían alcanzar ese punto en las próximas horas, pero tras cinco horas de espera no hubo ninguna señal. Sin embargo, negaron acciones para liberar al equipo periodístico.

Se supo entonces que estaban en poder del Frente Oliver Sinisterra y el rostro del terror Walter Arízala, alias “Guacho”, el líder de ese grupo residual que buscaba recuperar el control del narcotráfico en el pacífico sur del país sin haberse acogido al Acuerdo de Paz firmado dos años antes. Sobre ese histórico acuerdo, Ortega había escrito en la Décima Conferencia de las Farc, si podría haber un recrudecimiento de la violencia.

El 3 de abril, se conoció una prueba de supervivencia de los periodistas, como también de una violencia que se esperaba haber quedado atrás: secuestrados encadenados. Los tres se veían demacrados por la situación a la que habían sido sometidos, con una cadena y candados que los unía por el cuello. “A pesar de que estas imágenes evidenciaban la angustia y las difíciles condiciones en las que los captores tenían a los periodistas, ninguno de los gobiernos emprendió acciones humanitarias efectivas para su liberación”, señaló la Flip.

No fue sino hasta diez días después de esa prueba, que el presidente Lenin Moreno confirmó el asesinato de los tres periodistas. Desde el 11 de abril habían circulado panfletos y fotografías del asesinato de los comunicadores en zona rural de Nariño, pero es día, hace cuatro años, lo confirmaron las autoridades.

La necropsia indica que fueron asesinados con tiros de gracia mientras se encontraban en movimiento, es decir que no se sabe si estaban huyendo de un aparente combate, aunque se han negado las actividades militares en la zona. Sin embargo, los cuerpos no fueron encontrados sino hasta el 21 de junio, cuando inició el proceso de identificación.

Moreno dio orden de dar de baja a alias Guacho en 10 días, pero no ocurrió, como tampoco cumplió la promesa del día de la confirmación del homicidio, para desclasificar las actas al Cosepe y así aclarar los diálogos con las disidencias y la fallida negociación, pero tras cuatro años permanece bajo reserva.

De acuerdo con el portal Código Vidrio, el caso no ha superado la etapa de indagación previa, se han cambiado constantemente los fiscales porque no han logrado forjar una teoría sólida, mientras que la prensa, en la búsqueda de verdad y sin el cansancio prometido desde el día del secuestro sigue planteando dudas.

Como lo plantea la periodista Mayra Prado sobre las negociaciones. Guacho pedía el intercambio de los periodistas por hombres suyos que estaban presos en Ecuador. La CIDH reveló que en esas celdas se hallaron tres celulares, de Diego Tobón y Patrocinio Corte Preciado y James Guajiboy, desde los cuales se emitieron hasta 500 mensajes el 12 de abril, el mismo día que fueron decomisados.

“Hay evidencia que la comunicación entre el FOS y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato del equipo, pero todavía es incierto si fueron los trámites burocráticos y judiciales en ese país los que lo frustraron y, por otra parte, el impacto real que pudieron tener los operativos que las fuerzas militares colombianas hicieron en la zona”, señala la organización Periodistas Sin Fronteras.

El 21 de diciembre, alias Guacho fue dado de baja por el Ejército colombiano. En Colombia solo se han emitido dos condenas, contra Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, como responsables del caso emitidas en el 2021, sin mayores aportes a la verdad.

De acuerdo con el diario El Comercio, la última declaración de la Fiscalía al respecto fue en 2019 y desde allí ha sido silencio. Los familiares de las víctimas han pedido la desclasificación de las actas, pero ahora mantienen desconfianza al futuro del proceso. Creen que podría llegar a archivarse y en ese caso acudirán a la CIDH para que se garantice el acceso a la verdad negada mientras afrontan la ausencia de sus seres queridos.

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