En el ojo de la polémica se encuentra el ejercito colombianos y el Presidente Iván Duque ante las organizaciones que defienden los derechos humanos luego de que se conociera la muerte de 11 personas en Putumayo en los últimos días, según las Fuerzas Armas a combatientes ilegales.
Las declaraciones del general Eduardo Zapateiro no cayeron muy bien ante los organismos y tuvieron que salir a ser defendidas por el mandatario colombiano recientemente. Zapateiro advirtió:
“Esta no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad que son combatientes”.
Ante eso, Duque salió al público con estas declaraciones argumentando cómo se llevó a cabo la operación en la que dieron de baja a las 11 personas, consideradas por el Estado como combatientes:
“La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previo. Se contó, además, con la valoración, casi inmediata, con la participación de la Fiscalía para adelantar los actos urgentes” dijo el Presidente Iván Duque.
Aún así las justificaciones que ha dado el Estado colombiano frente a la situación presentada en el Putumayo no son suficientes para la ONU Derechos Humanos Colombia, la cual emitió una especie de comunicado público a través de Twitter en donde exponen sus perspectivas sobre lo acontecido al sur de Colombia por parte de las Fuerzas Militares.
El hilo que abrió la ONU en en la red social inició con una manifestación de solidaridad con las familias de las 11 víctimas, seguido de un relato en el que cuentan que asistieron a Puerto Leguízamo para obtener información de primera mano sobre las muertes y el operativo llevado a cabo por el ejército en esa zona.
“El 28 de marzo, en Alto Remanso, se habría iniciado un operativo llevado a cabo por varias unidades militares en el que se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”, dice en el hilo.
Allí dijeron que 11 personas murieron y 5 más quedaron heridas, para posteriormente citar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos enmarcando que “el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”.
En el mismo comunicado ha dicho que insta a la Fiscalía investigar los sucesos y también recomendó tomar medidas judiciales con quienes hayan sido responsables de lo ocurrido:
“Instamos a que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” y “Recomendamos que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso, Putumayo”.
Asimismo, la ONU Colombia ha dicho que también insta al Gobierno colombiano a proteger la vida y la seguridad de quienes pudiesen ser testigos de los hechos el 28 de marzo, adicionando que se proteja también a los periodistas investigativos que han recibido ataques por hacer publicaciones sobre Alto Remanso, Putumayo.
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