Juzgado suspende proceso de delimitación del Páramo de Santurbán

Por la poca participación que han tenido en el proceso, el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga le concedió una tutela a la comunidad que habita en inmediaciones del páramo de Santurbán para que se suspenda la delimitación del espacio. Además, se indicó que todos los trámites relacionados a este caso deben ser suspendidos.

Cabe recordar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó la licencia ambiental solicitada por la empresa Minesa para la explotación de oro en la zona de Soto Norte, en inmediaciones del páramo de Santurbán.

De igual forma, el pasado septiembre el Tribunal Administrativo Oral de Santander abrió un incidente de desacato contra el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, debido a que el proceso de delimitación del páramo había quedado pausado, afectando a las seis comunidades aledañas al páramo de Santurbán, donde se buscaba adelantar un proyecto de extracción de minerales.

A su vez, el Tribunal Administrativo de Bucaramanga había advertido para esas fechas que se tomarían medidas legales en contra de MinAmbiente, debido a que se habían completado tres años de incumplimiento para hacer la delimitación, y de manera paralela, las comunidades denunciaron las recurrentes demoras en los avances del proceso a pesar de las diferentes sentencias que se han interpuesto en pro del páramo.

Fue hasta inicios de este año cuando se retomaron los encuentros presenciales para la delimitación del páramo de Santurbán. Dentro de los puntos que se discuten con los pobladores de Ventanas y posteriormente con los habitantes de los municipios de Tona, Matanza, Suratá, California y Charta, se encuentra: el Sistema de fiscalización de la gestión de la resolución, Instancia de coordinación permanente, Lineamientos de los programas de reconversión y sustitución, Modelo de financiación y Parámetros de protección de fuentes hídricas.

Sin embargo, todo indica que las reuniones no han sido fructíferas, pues el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga tomó la decisión mencionada.

Para agravar el caso, en febrero de este año el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán denunció que algunos líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que conforman esta organización social han sido víctimas de amenazas que buscan “callar su voz”.

La organización señaló, a través de un comunicado, que han sufrido las consecuencias de las medidas gubernamentales, las cuales calificó como “perversas y corruptas”, que supuestamente “buscan privilegiar los intereses extractivistas de las multinacionales por encima de la vida y la protección de los ecosistemas en el país”.

Según el Comité, estas decisiones han sido ordenadas por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las que se busca darle prelación a los proyectos extractivos en esta área protegida al nororiente de Colombia.

“Rechazamos contundentemente todas las amenazas y actos violentos que se vienen presentando contra líderes y lideresas de los movimientos sociales y ambientales, quienes con valor han acompañado la movilización social en defensa de nuestros derechos a una vida digna con justicia social y a un ambiente sano”, indicó la organización en la misiva.

A pesar de esto, indicaron que continuarían defendiendo el páramo de Santurbán y los cerros orientales del municipio de Floridablanca, de los que aseguraron se encuentran “amenazados” por el proyecto vial C1-C2, que busca conectar a Pamplona con la capital santandereana de Bucaramanga, asimismo indicaron que seguirían expresando su rechazo frente al proyecto que busca convertir a la vereda Chocoa y cañón de las Iguanas en un basurero, por su impacto sobre las fuentes hídricas.

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