Este miércoles 13 de abril la Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de avanzar en la investigación judicial que permita esclarecer los hechos que ocurrieron en medio del polémico operativo ejecutado por la fuerza pública en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que habrían sido asesinados civiles.
Así lo manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien indicó que desde el pasado 29 de marzo, un día después de que se llevara a cabo la operación dirigida contra las disidencias de las FARC, la entidad adelanta misiones humanitarias en la vereda Alto Remanso en la que se han escuchado diferentes versiones de la comunidad, las cuales han denunciado un presunto caso de ‘falsos positivos’.
Dentro de las versiones recogidas por la Defensoría, la comunidad coincide en que esta operación, que se llevó a cabo en la mañana del 28 de marzo, fecha en la que culminaba un bazar que contaba con un importante número de participantes provenientes de zonas aledañas a esta localidad, habría iniciado con personal militar que usó uniformes diferentes a los camuflados y que dejó un saldo de 11 muertos y cinco personas heridas, entre ellas un soldado profesional.
“Resulta imperioso que las autoridades encargadas de la investigación sobre los hechos. La Procuraduría General de la Nación en ejercicio de su poder preferente y la Fiscalía adelanten con la debida diligencia una investigación exhaustiva y rápida que permita obtener información clara sobre lo sucedido. En particular sobre el desarrollo de la operación llevada a cabo el 28 de marzo”, indicó el defensor Camargo.
En ese sentido, señaló que es importante que se determine si se respetaron las reglas del derecho internacional humanitario, en cuanto a los principios de precaución, distinción y proporcionalidad, al tiempo que pidió que se investigue si existen víctimas aparte de las identificadas en el operativo, como lo han señalado algunos miembros de la comunidad, los cuales aseguran que personas cayeron al río.
“Hacemos un llamado enfático a los grupos armados organizados para que respeten el principio de distinción. No se oculten ni usen como escudo urbano a la sociedad civil. También para la Defensoría es importante recalcar que la finalidad de las alertas tempranas es fundamentalmente preventiva y no contienen recomendaciones relacionadas con el adelantamiento de operaciones militares ofensivas”, indicó el funcionario.
Por último, señaló que la Defensoría del Pueblo encontró un temor generalizado entre la población frente a las represarías que podrían perpetrar grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región, razón por la cual hicieron un llamado a las autoridades nacionales y locales para que adelanten las acciones necesarias para atender las necesidades de la comunidad.
La Defensoría fue una de las primeras entidades en alertar que en medio de este operativo en zona rural de Puerto Leguízamo fueron asesinados el presidente de la junta de acción comunal, su esposa, un menor de 17 años y un gobernador indígena, versión que contrasta la información emitida por el Ejército Nacional, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano.
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