Corte Constitucional ratificó imputación de delitos al expresidente Uribe en proceso por supuesta manipulación de testigos

La Corte Constitucional ratificó la nulidad de la tutela con la que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pretendía que no se le imputaran los delitos de fraude procesal y soborno dentro del proceso penal en su contra por, supuestamente, intentar cambiar la versión del ‘expara’ Juan Guillermo Monsalve para que este se retractara de su acusación de que el exmandatario formó grupos antisubversivos al margen de la ley y asegurara, por el contrario, que el senador Iván Cepeda fue el que le ofreció prebendas para que hiciera esa declaración

En el informativo de televisión Noticentro Uno CM& indicaron que la decisión fue unánime tras la votación de los nueve magistrados de la Corte con la que le negaban la nulidad de dicha tutela y cuya decisión se argumentó en que la indagación a Uribe en la Corte Suprema de Justicia, cuando era senador, equivalía a la imputación de cargos dentro del sistema penal acusatorio.

Se debe recordar que a inicios de este año, la defensa del expresidente, que lleva el abogado Jaime Granados, solicitó la nulidad contra el fallo con el que la Corte Constitucional rechazaron la tutela que interpuso el expresidente Álvaro Uribe en la que argumentó que se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, por lo que buscaba que se le retirara la condición de imputado, pero que en ese alto tribunal negaron en noviembre del 2021.

El alto tribunal ya había concluido que una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia sí es comparable con una imputación de cargos ante un juez ordinario. Así, con una votación 5-4, la mayoría de magistrados estuvieron en contra de amparar la tutela de Uribe.

Semanas después, el pasado 13 de enero de 2022, el alto tribunal publicó la sentencia en la que confirma esa decisión la cual contempla 72 páginas en las que relatan y argumentan su postura.

“Con base en las consideraciones expuestas, la Corte Suprema concluye que la providencia cuestionada no lesionó los derechos fundamentales del accionante (Uribe), al tenerlo como imputado como consecuencia de la adecuación de la actuación procesal de la Ley 600 a la Ley 906, generada por su renuncia al fuero constitucional que lo cobijaba como senador de la República. En consecuencia, se impone revocar la sentencia de única instancia que declaró la improcedencia del amparo solicitado, y, en su lugar, negarlo”, se lee en el texto.

A este punto se llegó luego de que el 18 de agosto de 2020 Uribe renunciara a su curul, la cual fue aceptada por la mesa directiva de esa corporación. El 20 de agosto del mismo año, la defensa del expresidente solicitó a la Sala Especial de Instrucción que remitiera el caso por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, la Corte Suprema había perdido competencia para continuar con la investigación debido a la pérdida del fuero constitucional, sumado a que las conductas punibles por las que se le investiga no guardan relación con las funciones que desempeñó Uribe como senador.

Ya el caso en la Fiscalía y a su vez en la justicia ordinaria, se llevaron a cabo las primeras audiencias ante el Juzgado 30 de Control de Garantías, se ordenó la libertad Uribe pero esa misma jueza dejó en pie la imputación que le hizo la Corte Suprema.

Por esta razón la defensa de Uribe radicó una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional. En ese recurso, los abogados del expresidente expusieron que hubo una violación directa a la Constitución que le atribuye a la Fiscalía la competencia específica para llevar a cabo el juicio de imputación.

Lo que buscaban era que desde el organismo investigador se tuviera la capacidad de decidir sobre la imputación en vez de tomar la que ya hizo la Corte Suprema, que encontró pruebas suficientes de que Uribe habría sobornado a testigos (paramilitares condenados como Juan Guillermo Monsalve) para que cambiaran su versión de que su hermano, Santiago Uribe, y él, fundaron un bloque de autodefensas armadas en la Hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe.

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