Contraloría evidencia hallazgos fiscales por $5.292 millones al evaluar subsidios de vivienda de interés social rural

La Contraloría General de la República informó este miércoles que concluyó un proceso auditor del eje de vivienda de interés rural, el cual es un programa ejecutado por el Banco Agrario para el beneficio de los campesinos más vulnerables en Colombia, en el que evidenció hallazgos por $5.292 millones.

Así lo señaló el contralor delegado para el sector Agropecuario, Gabriel Romero, quien señaló que estas irregularidades en el manejo de los recursos para la construcción de viviendas de las poblaciones más pobres que habitan las zonas rurales, se presentaron debido a que algunos proyectos que se adelantan en Putumayo, Antioquia, San Andrés y Córdoba no han sido ejecutados y las interventorías no cumplieron su trabajo.

“Evidenciamos que beneficiarios de proyectos de vivienda han sido retirados de forma unilateral y por causas que no les son endilgables, como incumplimiento de los contratistas y de los interventores, o presentación errada de los proyectos por parte de los oferentes”, indicó la Contraloría.

Asimismo, señaló que se encontraron situaciones como estructuración de proyectos de vivienda en predios no aptos para su construcción o entrega de las casas sin el cumplimiento de requisitos técnicos, al tiempo que se evidenció que el Banco Agrario habría permitido que las pólizas de cumplimiento se vencieran sin reclamar por los incumplimientos presentados.

“En los casos de anticipos a los contratistas no presentan amortizaciones conforme a los presuntos avances de obra, y en un amplio número de casos se encuentran vencidas las coberturas de las pólizas de seguros de estos contratos”, indicó la entidad.

Por último, el contralor delegado para el sector agropecuario indicó que la entidad continuará en su labor de vigilar los recursos destinados a las viviendas de los campesinos en las regiones, uno de los proyectos que benefician a una de las poblaciones más vulnerables y con los índices de pobreza más altos en el país.

“El órgano de control ha reiterado que la Ley de Víctimas está desfinanciada. La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda, cerca de $24 billones, y alimentación, por un monto similar”, aseguró la entidad el 9 de abril de 2021.

Entre 2020 y 2021 se realizó una Auditoría de Cumplimiento sobre Indemnización Administrativa, que evidenció 18 hallazgos, de los cuales diez tienen incidencia disciplinaria y uno fiscal con un posible detrimento cercano de $7,4 millones de pesos.

“Auditoria de Cumplimiento sobre Subsidios de Vivienda Rural entregados por el Banco Agrario de Colombia (BAC), que estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11 de alcance fiscal, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones”, indicó en esa oportunidad el ente contralor.

Asimismo, se realizó una Actuación Especial a Fonvivienda acerca de la legalización de los subsidios del programa Bolsas Anteriores y una auditoría financiera a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).

SEGUIR LEYENDO: