Registraduría y CNE deberán presentar plan para “blindar” la primera y segunda vuelta presidencial

Teniendo en cuenta el alto número de denuncias por irregularidades durante las elecciones del pasado 13 de marzo, la Procuraduría General de la Nación solicitó tomar medidas para “blindar los comicios”. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son las entidades encargadas de mitigar los riesgos durante la primera y segunda vuelta presidencial, por lo que el órgano de control les pidió presentar un plan para lograr ese objetivo. La ruta deberán presentarla a más tardar la otra semana.

El órgano de control sostiene su petición en las cientos de denuncias recibidas por irregularidades presentadas en las mesas de votación durante el pasado 13 de marzo, entre las que destacan corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento.

La Fiscalía fue notificada de 131 reportes de posibles delitos electorales interpuestos a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Cabe destacar que esto se notificó en el territorio nacional, pues en los comicios en el exterior, la Fiscalía también se enteró de 62 quejas, las cuales serán valoradas para establecer si hay mérito para abrir un caso formal.

Además, se reportaron más de 400 denuncias por irregularidades en el preconteo y el diligenciamiento de los formularios E-14. Incluso, por este hecho la Procuraduría ordenó investigar al registrador Alexander Vega y este martes pidió indagar sobre todos los movimientos de la entidad. Así las cosas, se deberá averiguar sobre los parámetros para escoger los jurados de votación, la inscripción y registro de votantes, además, de la relación de la Registraduría Nacional con uno de los contratistas.

De hecho, se quiere investigar más a fondo el trabajo desarrollado por la empresa INDRA SISTEMAS S.A, la cual tiene contratos con varias entidades del gobierno. Lo que busca la Procuraduría es entender porque la Registraduría escogió a dicha firma para realizar la selección de los jurados. Al parecer habría un “supuesto” conflicto de intereses.

La Procuraduría también inspeccionará como fueron las regulaciones, procedimientos y herramientas tecnológicas que usó la Registraduría para las pasadas elecciones. Se busca entender si se garantizaron y cumplieron los requisitos en el registro de los votantes.

Incluso, se investigarán las condiciones en las que se dio el acto de nombramiento y posesión del registrador nacional Alexander Vega. También, pedirán certificados de incapacidades en los últimos años, sueldos y hasta las vacaciones que haya solicitado el funcionario.

INDRA SISTEMAS S.A sería la empresa que llama mayormente la atención del Ministerio Público, ya que su software diseñado fue el que procesó los resultados del Senado, por lo que incluso, se habría solicitado una auditoría internacional, por orden del Consejo Nacional Electoral.

Cabe señalar que Alexander Vega no es el único funcionario que estaría siendo investigado; la Procuraduría busca a otras personas de la Registraduría que también incurrieron en irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas y traslados de los puestos de votación.

Por su parte, la Registraduría (a título general) ha señalado que esta investigación es una oportunidad para demostrar que sí se hizo un adecuado proceso en las pasadas elecciones.

“Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la Organización Electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 20222″, aseguró la entidad.

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