Según El Espectador, un documento evidenciaría la intención de la Procuraduría General de la Nación de averiguar sobre los parámetros para escoger los jurados de votación, la inscripción y registro de votantes, además, de la relación de la Registraduría Nacional con uno de los contratistas.
De hecho, la Procuraduría ya había manifestado que:
“de acuerdo a la designación especial de la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, a cuatro procuradores delegados disciplinarios para evaluar las más de 1600 quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, el Ministerio Público ha evaluado más de 400 de ellas y encontró mérito para iniciar 33 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros”.
Es allí, donde se han encontrado las presuntas irregularidades, por las que se iniciaría una investigación formal a la Registraduría. Los indicios se dan por el pedido de Margarita Cabello, tanto a la Registraduría, como al Consejo Nacional Electoral, para que, en un informe, que se debe presentar esta semana, muestren el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales, con el fin de prevenir y/o mitigar los riesgos o hechos presentados el pasado 13 de marzo.
De hecho, se quiere investigar más a fondo el trabajo desarrollado por la empresa INDRA SISTEMAS S.A, la cual tiene contratos con varias entidades del gobierno. Lo que busca la Procuraduría es entender porque la Registraduría escogió a dicha firma para realizar la selección de los jurados. Al parecer habría un “supuesto” conflicto de intereses.
Según el medio anteriormente señalado, la Procuraduría también inspeccionará como fueron las regulaciones, procedimientos y herramientas tecnológicas que usó la Registraduría para las pasadas elecciones. Se busca entender si se garantizaron y cumplieron los requisitos en el registro de los votantes.
Incluso, se investigarán las condiciones en las que se dio el acto de nombramiento y posesión del registrador nacional Alexander Vega. También, pedirán certificados de incapacidades en los últimos años, sueldos y hasta las vacaciones que haya solicitado el funcionario.
INDRA SISTEMAS S.A, sería la empresa que llama mayormente la atención del ministerio público, ya que su software diseñado, fue el que procesó los resultados del Senado, por lo que incluso, se habría solicitado una auditoría internacional, por orden del Consejo Nacional Electoral.
La Registraduría ya ha señalado que esta investigación es una oportunidad para demostrar que si se hizo un adecuado proceso en las pasadas elecciones:
“Respetamos y acatamos las distintas determinaciones del órgano disciplinario. Será la oportunidad para demostrar la debida actuación de la Organización Electoral y sus funcionarios en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación con el certamen electoral del 13 de marzo de 2022. Es de destacar que el pasado martes, 5 de abril, aportamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación los elementos probatorios que acreditan las fallas en el preconteo, atribuibles específicamente al diligenciamiento de un número determinado de formularios E-14, labor y resorte exclusivo de los jurados de votación”.
Cabe señalar que Alexander Vega no es el único funcionario que estaría siendo investigado; la Procuraduría busca a otros funcionarios de la Registraduría que también, incurrieron en irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas y traslados de los puestos de votación.
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