No hay preacuerdo: Fiscalía niega negociaciones con Carlos Mattos y lo envía a juicio

El juez a cargo del caso argumentó que no acepta la negociación del preacuerdo, por considerar que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas

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En una visita realizada a
En una visita realizada a las celdas de Carlos Mattos y Emilio Tapia en la cárcel La Picota de Bogotá, tras las denuncias reveladas en días pasados sobre que ambos tenían lujos e incluso estaban remodelando sus sitios de reclusión, la Contraloría en compañía de la Defensoría no encontraron nada irregular. (Colprensa-Externos).

Por las irregularidades que se han denunciado e implican a Carlos Mattos, la Fiscalía General de la Nación decidió tumbar los preacuerdos en los que venía trabajando con el empresario. El procesado, quien enfrenta cargos por corrupción judicial, deberá ir a juicio y responder por los delitos cometidos.

Un juez del Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá fue el encargado de tomar la decisión, argumentando que el preacuerdo no tenía en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas. Esto quiere decir, que la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que resultaron afectadas por los delitos cometidos por Mattos, no estaban saliendo bien libradas con la propuesta.

De hecho, el togado aseguró que en el preacuerdo presentado se planteaba un doble beneficio para Mattos, pues proponía una rebaja de la condena y que se eliminara uno de los delitos. Esto, según expertos, sería contrario a la ley.

Adicionalmente, no se consideró que Mattos mereciera el beneficio teniendo en cuenta las pruebas que dan cuenta de que violó la ley mientras estaba recluido. En concreto, el juez se refirió al escándalo de las salidas esporádicas que hizo el empresario cuando debía estar recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá. Cabe anotar que por este hecho, el procesado fue trasladado a la Cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Así las cosas, la diligencia judicial que se realizaría el 24 de abril para evaluar un segundo preacuerdo, fue cancelada.

Cabe anotar que Omar Juan Carlos Suárez, cabeza visible del equipo jurídico que defiende a Mattos aseguró que el depósito del preacuerdo ya había sido consignado en la cuenta del fondo especial de bienes de la Fiscalía General de la Nación. El abogado había pedido que se devolviera el dinero desde que se empezó a sospechar que el preacuerdo iba a ser retirado, pero las autoridades no lo han hecho y dicen que permanece “congelado”.

El abogado Suárez insistió en que la Fiscalía instauró el preacuerdo con su defendido de un millón de dólares como indemnización sin soporte alguno, de los cuales ya fueron girados $991.075.000.

Mientras se conoce qué pasará con el dinero depositado pot Mattos, este caso avanzará la próxima semana, cuando se realice la lectura de sentencia, programada para el 22 de abril, por parte del juez 30 de Conocimiento de Bogotá.

De acuerdo con reportes, la Fiscalía solicitó siete años y cinco meses; de otra parte, la defensa de Mattos busca que sean menos de cinco años los que el empresario deba pagar, dado que solo será condenado por dos de los cuatro delitos que le atribuyó el ente acusador.

Hay que recordar que el pasado 7 de abril el empresario se declaró culpable por corrupción judicial. El acusado fue imputado por utilización Ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, cohecho y daño informático. Cabe anotar que Mattos solo aceptó su responsabilidad por los últimos dos.

Cabe aclarar que Mattos solo pudo responder por estos cargos porque fueron los delitos por los que España, país donde estuvo hasta noviembre del año pasado, lo concedió en extradición. En el país europeo solo existen los delitos de cohecho y daño informático.

Así las cosas, asumir su responsabilidad significa que Mattos aceptó sobornar a jueces de la República y otros funcionarios judiciales para beneficiar la empresa que dirigía. Por colaborar con el proceso, será beneficiado con una rebaja de hasta la sexta parte de la pena. Esto significa que podría estar en la cárcel entre cinco y ocho años.

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