Según la Fiscalía General de la Nación, José Luis Hernández Grajales cumplía sentencia condenatoria desde el año 2016 por feminicidio, acceso carnal violento y secuestro simple. En ese momento, fue juzgado por el homicidio de Sandra Paola Morales, en la vereda El Jardín, corregimiento La Selva, del municipio de Guacarí, en el Valle del Cauca.
Según los familiares, Sandra, quien padecía problemas psiquiátricos, fue encontrada con fractura de tabique, contusiones en diferentes partes del cuerpo, tallos y hojas en la región bucal, y signos de abuso sexual.
Pero, Grajales cumplía una sentencia de 38 años de prisión en la cárcel San Isidro de Popayán, Cauca. Según la Fiscalía,
“fue capturado en la celda 77 del pabellón 6 de la Cárcel San Isidro de Popayán, cuando los guardianes acudieron al lugar donde, supuestamente, se habría presentado una riña”.
Las investigaciones preliminares arrojan que Grajales sería el presunto responsable del homicidio de Juan Carlos Guar Sánchez, que apareció muerto dentro de una de las celdas por heridas causadas con arma blanca y múltiples golpes. Estos hechos habrían ocurrido el pasado 9 de abril.
“El hoy imputado estaba sentado en la parte baja del camarote. Las autoridades hallaron a la víctima, así como un elemento metálico, de aproximadamente 12 cm de largo, por lo que Hernández Grajales es capturado en flagrancia”,
asegura el ente judicial.
En las audiencias de imputación, la Fiscalía lo proceso por el delito de homicidio. El juez decidió no imponer medida de aseguramiento ya que Hernández Grajales cumple sentencia condenatoria.
De hecho, en esta misma cárcel, el año pasado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, reportó la muerte de un interno y las heridas que sufrieron otros tres, en medio de una riña.
Todos estos problemas han llevado a que entidades como la Defensoría del Pueblo se pronuncien sobre la crisis carcelaria; el líder de este organismo, Carlos Camargo, propuso reformar el sistema penitenciario y carcelario, debido a que el hacinamiento en las cárceles es superior al 20%; de hecho, manifestó que el sistema carcelario debe ir orientado al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad para garantizar su resocialización y evitar las reincidencias.
“La política criminal del Estado colombiano se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes, y esto ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad”,
aseguró el defensor.
La entidad asegura que el hacinamiento en las cárceles tiene a más de 16 mil personas excediendo el cupo de los penales a cargo del INPEC. Hay que tener en cuenta, que el país cuenta con unos 80 mil cupos para acoger presos.
La Defensoría señala que es muy necesario una reforma que le asegure a la ciudadanía que la vigilancia de los presos esté orientada al respeto y que permita que se lleve a cabo el proceso de resocialización, el paso más importante para evitar que se vuelva al ciclo de la criminalidad.
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