Tras la visita que realizó Infobae al asentamiento de la autodenominada Comunidad Bacatá, se analizaron las distintas cifras que hasta el momento se tenían sobre la situación de los indígenas en Bogotá. El distrito, más allá del pronunciamiento de algunas entidades y de la alcaldesa Claudia López, no tenía un consolidado oficial sobre lo ocurrido en estos 7 meses.
Curiosamente, ambas partes coinciden en que la “solución” es el retorno de estos pueblos ancestrales a sus territorios. Por esto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en exclusiva le contestó a Infobae, que hasta el momento no hay ningún pacto firmado con lo que ellos denominan “proceso organizativo de autoridades indígenas Bakata”.
Aseguran que ellos no cuentan con un registro ante el Ministerio del Interior, además que, durante las jornadas de concertación con otras figuras organizativas, que no señalan, y entidades del gobierno, que están dentro del Plan Distrital de Desarrollo; el resultado ha sido: “62 acciones afirmativas con todos los sectores de la Administración Distrital, de los cuales se realiza un seguimiento constate a su implementación por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno”.
De hecho, el distrito ha hecho un gasto presupuestal de 9 mil millones de pesos, los cuales se han repartido entre la población asentada en el parque Nacional y los que se han trasladado, voluntariamente, hacia la UPI - Preflorida; desde el año 2020. Explican que este dinero se ha gastado en:
“atención por parte de la Alta Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación, movilizaciones anteriores, recurso humano con gestores de seguridad, apoyos alimentarios, baños, transportes adecuación de infraestructura”,
entre otros conceptos.
Puntualmente, el tema del parque La Florida, ha sido una de las alternativas que más ha recalcado la alcaldía, pero, como aseguraron los líderes indígenas en la rueda de prensa del pasado jueves 7 de abril, “ha habido 9 muertos, ¿Quién quiere irse al matadero?, nadie quiere ir a morirse allá”, la secretaría de gobierno asegura:
“Ese número de muertes no coinciden con la realidad y los accidentes que se han presentado son consecuencia de las mismas concepciones culturales del pueblo embera, que han ocasionado incluso el linchamiento de una persona a quien se le causó la muerte; por otra parte el excesivo consumo de licor, y otras sustancias alucinógenas producto de la perdida cultural que estas familias han asumido por su negativa de retornar a sus territorios, ocasionan riesgos en la integridad física y en la vida de estas personas; que al intentar impedirse con la acción institucional se pone en riesgo igualmente la integridad de funcionarios y contratistas”.
Es por esto, junto con las alternativas rechazadas constantemente por los líderes indígenas, que han dejado como única opción de “alojamiento temporal”, donde se les puede garantizar sus necesidades, es la UPI - Preflorida, pero, el distrito señala que este lugar no es aceptado, incluso por personas que ni siquiera pernoctan allí.
Otro de los puntos demandados por la comunidad, es que no se ha cumplido con ninguna de las peticiones que, hasta el momento, le ha hecho la Comunidad Bacatá, al gobierno. Aseguran que, tras estos 7 meses, no han podido garantizarles el saneamiento de las necesidades básicas, que argumentan, están expuestas en un fallo de ley y en la constitución; es por esto que Infobae preguntó por las alternativas o propuestas concretas para sanear estos pedidos. La secretaría asegura que cada entidad de la administración distrital ha atendido lo que ha podido dentro de sus posibilidades.
“Constantemente gestores de Convivencia y Dialogo, Gestores de Seguridad, permanecen las 24 horas del día, por parte de la UAESP, dependencia adscrita a la Secretaria de Hábitat, diariamente despliega la atención para la recolección de basuras y desperdicios que ha sido descomunal para esta población, que incluso ha generado el colapso de las redes de alcantarillado por el levantamiento de las rejillas de las alcantarillas, alojando allí juguetes, ropa, desperdicios que obstaculizan el drenado de las aguas”, agregan que, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, habilitó baños en el costado sur del parque Nacional, habilitados las 24 horas del día. También, en el costado norte se agregaron contenedores sanitarios y duchas. Pero, señala el distrito: “la comunidad no utiliza los servicios por dirigirse al canal de Río Arzobispo a realizar sus necesidades fisiológicas”.
En materia de atención en salud, aseguran que tienen dispuesto el servicio de ambulancia las 24 horas del día para cualquier emergencia, además, de la atención en la subred hospitalaria dependiendo el caso, pero, a pesar de “estos servicios” ya se registró el fallecimiento de un menor. Esto se origina porque:
“los líderes indígenas y los propios familiares de las personas que requieren la atención médica, se han negado a recibirla e incluso han agredido al personal médico y paramédico cuando se intenta adelantar su labor, estas situaciones son soportadas por el sector salud con sus bitácoras de atención”.
La Secretaría de Gobierno dijo que ha adelantado conversaciones con el Ministerio del Interior y con la Unidad de Víctimas, los cuales han logrado adelantar 3 retornos priorizados. Pero, enfatizan que la alcaldía ha manifestado que este proceso de atención con las distintas comunidades indígenas ha debido ser asumida y liderada por el Ministerio del Interior, estos deben generar
“un dialogo legitimo con las Autoridades Tradicionales de cada uno de esos territorios, para que en jurisdicción especial indígena y en atención al ejercicio de gobierno propio, se adelanten las solicitudes como un sujeto colectivo de derechos, no como la suma de individuos que pretenden hacer valer pretensiones personales”.
Por lo tanto, para conseguir la “solución definitiva”, es necesario que el protagonismo lo tome la Unidad de Víctimas con las personas que aún permanecen en el parque Nacional. Aunque, se debe dejar claridad en que no todos estos pueblos son víctimas.
Frente a los desmanes ocurridos el pasado miércoles 6 de abril, las autoridades indígenas aseguraron que el problema se originó tras una reunión, con la alcaldía, donde les dijeron que tenían que repetir el proceso de caracterización, por que hubo un “error humano” en la digitación de las cédulas, que aseguran las comunidades, entregaron físicamente, pero les argumentaron que los números no coincidían con los nombres.
La Secretaría de Gobierno responde:
“Por orden judicial el procedimiento de caracterización debía ser liderado por el Ministerio del Interior, una vez el personal que pernocta en el Parque Nacional fue notificado de la fecha sobre la iniciación de la jornada, fueron invitados otros indígenas que no pernoctan en el parque nacional a sumarse a este proceso de identificación, motivo por el cual el cumulo de personal fue excesivo y muchas familias que quisieron aprovecharse de esta circunstancia, solo llevaron información sobre documentos de otras personas, motivo por el cual se vio empañado el ejercicio”.
Incluso, reconocen que ya se habían intentado realizar otras jornadas, pero fueron fallidas, por ataques de la comunidad a servidores públicos.
Pero, el objetivo de la caracterización es identificar los núcleos familiares, para cotejarlos con las bases de datos de la Unidad de Víctimas con el fin de entregar ayudas y garantizar los derechos de la población asentada en el parque Nacional, enfatizando en las que sean víctimas del conflicto, esto último para evitar el “beneficio propio” de personas interesadas en las condiciones de la comunidad en condición de desplazamiento.
En conclusión y por lo pronto, ambas partes, gobierno e indígenas, coinciden en que la solución es el retorno seguro a los territorios, pero, la alcaldía está limitada por que en sus funciones no pueden intervenir en las zonas donde las comunidades demandan, pero, por parte de los pueblos ancestrales, siguen diciendo que no les cumplen con sus demandas, a pesar de las alternativas que ha expuesto el distrito; ya que, estas opciones no garantizan sus derechos.
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