El presidente Iván Duque está de visita en Nueva York, Estados Unidos, para hablar acerca de la implementación del Acuerdo Final de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En aquel encuentro se refirió al operativo del Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 11 muertos el pasado 28 de marzo.
El hecho se volvió polémico después de que el ministro de Defensa, Diego Molano, indicara que los fallecidos pertenecían a las disidencias de las Farc; mientras que, las comunidades del municipio manifestaron que se trataba del homicidio de 11 civiles bajo la modalidad de un ‘falso positivo’. Con el paso de los días, organizaciones sociales y entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han puesto especial atención a cómo se desarrolló el operativo, pues podría tratarse de un crimen de lesa humanidad.
El primer mandatario, por su parte, señaló que la operación “tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio”. Por lo que, según Duque, hubo un “intercambio de disparos” y algunos miembros heridos de la fuerza pública, pero se obró “con todos los protocolos”.
Frente a la investigación de la operación, el presidente manifestó que la Fiscalía General de la Nación está adelantando la indagación correspondiente para validar el operativo militar. Duque afirmó que el ente investigador “conocía de antemano de la presencia de células terroristas y narcotraficantes en esa zona” y por esa razón, “la información que valida el trabajo operacional es una información que el país está conociendo”.
Con respecto a la muerte de civiles durante el operativo, el jefe de Estado volvió a aclarar que las acciones de los militares se realizaron con los respectivos “protocolos de uso de fuerza y de conformidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. A su vez, recordó que el Ejército está respondiendo punto por punto los cuestionamientos y “han llegado solicitudes de la Procuraduría y el Ejército las va a contestar”, agregó.
La verdad sobre el operativo del Ejército en Putumayo
El Espectador, Vorágine y la Revista Cambio efectuaron una alianza y se trasladaron a la vereda de Alto Remanso para conocer cómo sucedieron los hechos. Los medios de comunicación recolectaron pruebas y testimonios que evidencian que el operativo se convirtió en una masacre contra civiles inocentes.
Una de las muertes más impactantes fue la de la mujer embarazada de dos meses, Ana María Sarrias. La víctima falleció desangrada, mientras a algunos metros de distancia se encontraba asesinado su esposo, Divier Hernández, quien murió por un disparo en la cabeza y era conocido por ser el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Si bien Pájaro, uno de los vecinos de Ana María, trató de auxiliarla no pudo salvarle la vida debido a la lluvia de disparos que duraron un largo tiempo.
Entre las demás víctimas se reportó la muerte de un gobernador indígena y un menor de edad. Este último era un joven de 16 años llamado Brayan Santiago Pama y según Vorágine, “hay indicios de una posible manipulación del cadáver por parte del Ejército”. El medio de comunicación conoció tres fotografías en las que el cuerpo del joven cambia de lugar al lado de otro cadáver; en la última imagen aparece con un fusil que no tenía en las dos anteriores.
Inicialmente en la escena murieron 11 personas y según la versión del Gobierno, hubo cuatro capturas, pero los medios comprobaron que nunca se llevaron a cabo los trámites que corresponden a dicho proceso. De esta forma, al día de hoy nunca se procesó a nadie por sus supuestos nexos con las disidencias de las extintas Farc, contrario a lo que corroboraron en su momento el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, en sus redes sociales.
Por otra parte, en los relatos de la Revista Cambio, más de 30 personas aseguran que los militares no usaban sus uniformes, sino que iban vestidos de sudaderas y camisetas negras, sumado a esto muchos de ellos estaban barbados y otras usaban capuchas. Los sobrevivientes contaron que además, llegaron gritando: “Somos la guerrilla”.
Cabe recordar que el cruce de fuego se dio en medio de bazar que tenía el propósito de “reunir fondos para construir un camino de 2,5 kilómetros de placa-huella para conectar la vereda con fincas de la zona”, según explicó Vorágine. El medio aseguró que las personas en su mayoría eran civiles, pues solo había cinco disidentes de las Farc en el recinto.
El abogado Antonio Varón Mejía, experto en DIH y profesor de la Universidad del Rosario, le comentó a Vorágine que por la dimensión del evento, el Ejército debió ponderar el principio de humanidad sobre el militar, más si solo iban por dos cabecillas. En contraste, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional dijo que siguieron los protocolos adecuados y moraron por los civiles.
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