Los últimos años la violencia en los territorios ha estado aumentando de forma significativa debido al crecimiento y surgimiento de nuevas estructuras armadas que disputan el control de las rutas de narcotráfico y las rentas ilegales en zonas históricamente abandonadas por el Estado. Una de las violencias más comunes y que ha dejado miles de víctimas en el Colombia es el desplazamiento forzado, que se da por diferentes factores como: la intimidación, el robo de tierras, el no aceptar tratos con agentes del conflicto y demás.
Haciendo alusión a este tema la Alta Consejería para de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, presentó un informe sobre la situación de las víctimas en la capital, así como las rutas de atención. En el documento quedó en evidencia que, entre enero y febrero de 2022, 9.244 víctimas del conflicto armado llegaron a la ciudad.
De forma desagregada el Distrito mostró que el 50,3 % del total de víctimas residentes en Bogotá se ubican en seis localidades de la ciudad: de Kennedy (11 %), Ciudad Bolívar (10.2 %), Bosa (0.2 %), Suba (8.2 %), Usme (5.3 %) y Engativá (5.1 %).
Una de las preocupaciones que comienza a ser una alerta roja para las autoridades es que en los dos últimos años el desplazamiento hacía Bogotá creció en un 11 % y que más de 80 % de las víctimas son de grupos étnicos y minoritarios como comunidades negras o afrocolombianas, gitanos o ROM, palenqueras entre otros, según la Administración Distrital.
De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en el 2021, se registraron 73.900 personas desplazadas en el país. “Entre enero y diciembre de 2021, en el Pacífico colombiano se presentó una crisis de protección asociada a la presencia de más de cinco actores armados no estatales que disputan el control territorial y social en muchos de los municipios que reportaron mayor número de afectados por acciones de violencia armada”.
En el informe se detalló que en el país las zonas más afectadas fueron Chocó, Cauca y Nariño. Estos departamentos concentraron más del 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento. La investigación de la OCHA además evidenció que las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia son las acciones de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Entre los crímenes que detonan esta crisis, el 32 % son amenazas directas por medio de llamadas telefónicas, panfletos, mensajes, entre otros, mientras que el otro 32 % se debe a enfrentamientos y hostigamientos.
Otro punto que crea alerta es la revictimización a la que están expuestas los civiles. La OCHA reporta que varias familias desplazadas en 2021 ya habían estado en esa situación en años anteriores. “En varios de los desplazamientos reportados en 2021, se identificaron personas que ya habían sido previamente desplazadas forzosamente por las mismas causas (presencia y acciones directas de los grupos armados no estatales en los territorios de las comunidades, especialmente dentro de Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios”.
El informe de la OCHA además indica que de los desplazados del año pasado, solamente 11.700 han podido regresar a sus territorios. Esto significa que más de 61.600 personas se mantienen desplazadas en comunidades de acogida, donde generalmente no cuentan con los recursos para suplir las necesidades intersectoriales de los desplazados. Las principales necesidades de la población desplazada se basan en carencias de protección y acceso a alojamientos temporales, alimentos, servicios de salud, educación y acceso a agua segura.
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