En septiembre del 2021, la ONG Global Witness publicó su más reciente informe en el cual reportó que Colombia ocupó, por segundo año consecutivo, el primer lugar como el país con más líderes ambientaliestas asesinados en el mundo. En total, 227 defensores fueron ultimados en el 2020, de los cuales 64 casos ocurrieron en territorio nacional.
Según el documento, hay dos factores importantes en Colombia que acrecentan las cifras de violencia, desde amenazas hasta atentados y homicidios. El primero está relacionado a la sustitución de cultivos; y el segundo, al crecimiento en los últimos años de grupos paramilitares.
Así mismo, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó el pasado viernes que sobre el aumento de las amenazas contra líderes del medio ambiente en Santander, y, por otro lado, respecto a la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta región y en el Cesar. De acuerdo con el reporte de la Unidad, entre 2017 y marzo de 2022 “se han registrado siete hechos globales de amenazas a los liderazgos ambientales, afectando con ello a 49 líderes del departamento”.
En medio de este panorama, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, se pronunció respecto a las críticas contra el Gobierno Nacional por encabezar dichos listados de homicidios. “Colombia no es un país peligroso para defender la naturaleza”, afirmó en entrevista con la agencia EFE, y aseguró que está “feliz” por el trabajo realizado a pocos meses de entregar el cargo.
Según el funcionario, “cada caso (de muertes de líderes ambientales) que se ha presentado es un caso totalmente diferente”, y, por lo tanto, insistió en que “no se puede generalizar que defender el medio ambiente en Colombia es riesgoso”.
Uno de los puntos sobre los que Correa enfatizó fue en la necesidad de que el Congreso de la República ratifique, en un segundo intento, el Acuerdo de Escazú. Este es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales que tiene un componente importante de protección de los líderes ambientales.
A mediados de marzo, el presidente, Iván Duque, se había sumado a dicha petición, argumentando que, de ser necesario, Colombia pueda contar con “técnicos (en la materia) que vengan al país y que puedan explicar también el alcance de muchos otros temas, donde hay dudas en el legislativo”. Quienes rechazan que el país se suscriba al pacto argumentan que ello representaría otorgarle la soberanía a organismos internacionales.
En cuanto a la agenda ambiental, de cambio climático y diversidad impulsada por el Gobierno para afrontar la triple crisis que enfrenta el planeta, Colombia “está mostrando un liderazgo muy importante, no solamente regional sino a nivel global”, celebró el ministro de Ambiente. Además, este también señaló que “el medioambiente no puede tener banderas ni colores políticos”, un aspecto que, en su opinión, “ha demostrado este Gobierno”.
Por último, el ministro dijo a EFE que la cúspide de estos cuatro años en materia ambiental llegó con la aprobación de la Ley de Acción Climática. Según explicó, se trata de un “hito histórico para el país” que estipula como delito la deforestación, que ahora tiene penas de entre cinco y quince años de cárcel; la pesca ilegal, y el comercio ilegal de fauna.
Sobre este último rubro, el Ministerio de Ambiente informó que entre enero y febrero de 2022, se han liberado 2.362 individuos pertenecientes a 185 especies de fauna silvestre en el país, de los cuales 525 habían sido rescatados en incautaciones por tráfico y tenencia ilegal. De igual manera, la cartera puntualizó que el grupo con mayor número de liberaciones en los dos primeros meses del año ha sido el de las aves con 92 especies (el 50 % del total de especies); el segundo es el de los reptiles, con 49 especies (20 %); y los mamíferos, con 37 ejemplares.
*Con información de EFE
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