En la mañana del sábado 9 de abril la Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, contra Frankly Gómez Jara, alias Frankly, quien sería el reclutador de menores de la subestructura Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las FARC.
El ente investigador aseguró que en el material probatorio entregado al juzgado, se podría evidenciar que este hombre, supuestamente, prometía estudio y trabajo a niños, niñas y adolescentes para involucrarlos en actividades criminales. También habría evidencias de su participación en ataques y asesinatos contra integrantes de la Fuerza Pública.
La investigación evidenciaría que las víctimas de este personaje se centraban en municipios del departamento del Meta. Entre las actividades delictivas que tendrían que realizar los menores estarían el cobro de extorsiones, venta y tráfico de estupefacientes, así como el transporte de armas y explosivos.
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Cuando lograba que los menores aceptaran irse a los campamentos guerrilleros, posteriormente, alias Frankly los sometía con amenazas y agresiones para que no escaparan. De otra parte, la Fiscalía tendría evidencia que el hoy procesado, habría asesinado a dos jóvenes que estaban en un establecimiento comercial en la vereda Brasil, en La Uribe (Meta), el 22 de julio de 2018.
En su Boletín 43457, la entidad informó que el desertor del Acuerdo de Paz, fue uno de los responsables de un ataque terrorista a un vehículo donde se movilizaban diez integrantes de la Fuerza Pública. Este hecho se habría presentado en La Uribe el 1 de diciembre de 2018. Luego de la explosión de la carga dos uniformados sufrieron heridas de gravedad.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Frankly Gómez Jara los delitos de: homicidio agravado, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y terrorismo. El procesado fue capturado en un trabajo articulado de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo destacó en su primer informe de 2022 presentado el 11 de febrero, que desde marzo de 2020 hasta la fecha, se tiene información de 114 casos de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, con fines bélicos.
Para la entidad del Ministerio Público, las disidencias de las Farc es el grupo criminal con mayor número de casos reportados. El 68.3 % de los hechos estarían vinculados a sus estructuras. Mientras que el ELN registra el 6,5 % de los casos, en tanto que el 4,7 % son atribuidos a grupos de autodefensa y el 8,4 a otros grupos armados al margen de la ley.
Los departamentos con el mayor número de casos reportados son Caquetá (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) y Tolima (8). Además, el 24% de las víctimas pertenece a poblaciones étnicas; un 4 % a la población afrodescendiente y 20% a pueblos indígenas. Y del total de los casos, el 83 % ocurrió en zonas rurales.
En lo corrido del 2022 han sido emitidas dos alertas tempranas relacionadas con este riesgo, en Putumayo y Valle del Cauca. “Entendemos que son vidas de niñas y niños a los que les están quitando la posibilidad de cumplir sus sueños. Estado, familia y sociedad debemos asumir el compromiso de evitar que sigan siendo víctimas de los violentos y particularmente del reclutamiento, que es una de las más aberrantes conductas que se cometen contra la infancia de nuestro país”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo en la presentación de dicho informe.
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