“Plomo es lo que hay”, el informe de Pares que evidencia el crecimiento de los grupos armados durante el mandato de Duque

En enero de 2019 un hombre se volvió famoso en Colombia al pronunciar la frase: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”, dicha por un simpatizante del Gobierno nacional en medio de una marcha de rechazo al atentado realizado por el ELN a la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de ese año.

La línea de investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, decidió tomar esa advertencia para titular su más reciente informe “Plomo es lo que hay”, donde refleja la situación de violencia y seguridad desde el inicio del período presidencial de Iván Duque Márquez en agosto de 2018.

Para la fundación esas palabras fueron premonitorias, pues durante el mandato de Duque, la guerra en Colombia se ha encrudecido. Pares logró identificar tres etapas de posconflicto, de acuerdo con los indicadores de violencia y con las dinámicas de los grupos armados.

La primera situación sería un inicio de confrontación en 2017, para luego pasar a una etapa, entre 2018 y 2020, de disputa y reconfiguración territorial y la última, sería una estabilización armada por parte de los grupos armados desde 2021 hasta la fecha. “El período de gobierno de Iván Duque ha estado caracterizado por el fortalecimiento y la expansión de los principales Grupos Armados Organizados del país”, advierte la fundación.

Entre los resultados expuestos por Pares se señala que el año más violento desde la firma del Acuerdo Final de Paz fue 201, cuando se registraron los mayores casos de homicidios, víctimas de minas antipersonal y desplazamiento a nivel nacional, producto de la agudización de las confrontaciones armadas.

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En el reporte también se evidencia que en 241 municipios del país hay presencia del Clan del Golfo. Mientras que el ELN tiene incidencia en 183, las disidencias de Gentil Duarte en 119 municipios, y la denominada Segunda Marquetalia, con influencia en 61. Esto quiere decir, que en el 37 % del territorio nacional hay presencia de Grupos Armados Organizados.

En cuanto a la situación de vulnerabilidad que viven los líderes y lideresas sociales en Colombia, Pares señala que 2020 fue el año en donde hubo el mayor aumento en los asesinatos contra esta población. Solo en Cauca ocurrieron 61 hechos. A esta cifra le siguió Antioquia con 29 casos y Nariño, con 22. Desde 2016, Colombia ha ocupado consecutivamente el primer lugar con más homicidios contra personas defensoras de DD.HH. en América Latina.

En 2020, Front Line Defender aseguró que Colombia era el país con más homicidios en contra de esta población a nivel global. Los tipos de liderazgo más afectados entre 2016 y marzo de 2022 fueron los comunales, seguidos de los indígenas, campesinos, comunitarios y afrodescendientes.

Respecto a la sustitución de cultivos ilícitos, pactado en el Acuerdo Final de Paz, la Naciones Unidas señala que en el 92 % de hectáreas de coca que han sido erradicadas de manera forzada hay resiembra, mientras que en el caso de la sustitución de cultivos, la resiembra llega solamente al 0.8 %. Cuatro departamentos concentran el 70 % de la coca: Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Cauca. Tibú (Norte de Santander) es el municipio que concentra más coca a nivel nacional.

En el caso de la minería ilegal, el informe deja ver que existe una gran concentración y evidencia de explotación de oro en zonas de operación de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN. Esta economía ilegal representa a su vez un potencial riesgo ambiental debido a su desarrollo en espacios destinados a la protección de recursos naturales.

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