JEP afirma que Santander es el departamento más peligroso para defensores ambientales

La personas que más riegos tienen, según la entidad, son aquellas que se oponen a los proyectos extractivistas. La JEP también alertó sobre la expansión territorial del ELN en Santander y Cesar

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En el seguimiento que Indepaz le hace a los hechos victimizantes contra líderes sociales, registra que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta septiembre de 2021, 611 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Colombia Foto: Wikimedia Commons/Motero colombia
En el seguimiento que Indepaz le hace a los hechos victimizantes contra líderes sociales, registra que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta septiembre de 2021, 611 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Colombia Foto: Wikimedia Commons/Motero colombia

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó este viernes por el incremento de las amenazas de muerte contra líderes ambientales en Santander y sobre la expansión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este departamento y en el Cesar.

Según la jurisdicción transicional desde la firma del Acuerdo Final de Paz, “Santander se constituyó en el departamento donde se han presentado la mayor cantidad de amenazas de muerte contra personas que ejercen un rol de liderazgo de tipo ambiental”.

El reporte de la Unidad dio cuenta de que entre 2017 y marzo de 2022, “se han registrado siete hechos globales de amenazas a los liderazgos ambientales, afectando con ello a 49 líderes del departamento”.

La JEP alertó este 8 de abril de que la mayoría de las amenazas contra los liderazgos ambientales son atribuidas a grupos sucesores del paramilitarismo, como el Clan del Golfo y las autodenominadas Águilas Negras que, “a través de panfletos se han encargado de atemorizar a personas que defienden los territorios y se han opuesto a la realización de proyectos extractivos”.

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El director de la UIA, Giovanni Álvarez, recalcó que, “este fenómeno de intimidación constituye un incumplimiento de las garantías de no repetición, ya que diferentes organizaciones sociales del departamento de Santander han presentado informes a la JEP donde documentan hechos de victimización de sindicalistas, líderes ambientales y ciudadanos que se oponían públicamente al impacto medioambiental de la industria extractiva en Santander”.

En el seguimiento que Indepaz le hace a los hechos victimizantes contra líderes sociales, registra que desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 hasta septiembre de 2021, 611 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Colombia. De ellos, 332 son indígenas, 75 afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio, 102 eran campesinos defensores del territorio, por su parte, 25 eran líderes ecologistas y 77 campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal.

Los municipios de Santander donde más se presentan amenazas contra líderes ambientales son Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra. Concretamente en Barrancabermeja, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos ha llamado la atención sobre “el amedrentamiento en contra de Óscar Sampayo, líder ambiental que ha denunciado constantemente las consecuencias negativas de los proyectos extractivos que se realizan actualmente en el magdalena medio”.

Por su parte, en Puerto Wilches, la Alianza Colombia Libre de Fracking “denunció que una de las lideresas que hacen parte del colectivo, Yuvelis Natalia Morales, tuvo que salir forzosamente del país porque ha recibido constantes amenazas”. En 2021 Morales había sido intimidada después de su intervención en el Congreso de la República en una audiencia sobre ‘fracking’.

Otra de las alertas que emitió el tribunal de paz fue respecto a la expansión del ELN en poblaciones de Santander y Cesar. Sobre este punto, la investigación señaló que, “esa guerrilla ha desplegado una estrategia de copamiento y recuperación de áreas históricas de retaguardia”.

En el Cesar el ELN “ha registrado una presencia continua en los municipios de Aguachica, Río de Oro, Pelaya y La Gloria, a través de los frentes ‘Camilo Torres Restrepo’ y ‘Luis José Solano Sepúlveda”, concluyó la justicia de paz.

En cuanto a este departamento, la UIA también alertó por el ingreso de grupos sucesores del paramilitarismo en el sur del departamento “se ha evidenciado el resurgimiento de repertorios de violencia que antes eran utilizados por el Bloque Norte de las antiguas AUC y las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar”.

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