Fuerzas Militares incautan seis dragas y asestan duro golpe contra la minería ilegal en Antioquia

En las últimas horas la Armada Nacional de Colombia, en desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, lograron la incautación de seis dragas sobre el río Cauca en el departamento de Antioquia.

El operativo fue desarrollado en el municipio de Caucasia, sobre el río Cauca, en donde se capturaron a 12 sujetos en flagrancia, a quienes se les incautó seis dragas de succión tipo buzo, que eran usadas para minería ilegal en esta zona del departamento.

Los sujetos, que no presentaron la documentación legal de las dragas, ni los permisos para realizar la explotación minera, fueron trasladados a las instalaciones del CTI en el municipio de Caucasia, para el proceso de judicialización por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales, de acuerdo con lo establecido en el artículo No. 388 del código penal colombiano.

El pasado 28 de marzo, también en el marco del plan Artemisa, fueron retiradas 12 dragas que eran usadas en actividades de minería ilegal y se dio con la captura de dos ciudadanos brasileños en una operación conjunta de la Armada Nacional, el Ejército y la Policía, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales en zona fronteriza con Brasil.

El operativo se desarrolló en Puerto Franco, en el Parque Nacional Natural Puré, desde donde el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que la maquinaria y los detenidos se dedicaban a la extracción ilegal de oro, “en un sector que es de propiedad de los colombianos y patrimonio de este país”.

Además, el funcionario recordó que el año pasado se había podido determinar, en un Consejo de Seguridad, que “había amenaza contra este Parque Natural Puré por la explotación de minería ilegal en Colombia con dragas que viene subiendo desde Brasil por el río y amenazando con la contaminación de este afluente”.

Vale recordar que el pasado 12 de marzo, la Superintendencia de Transporte, después de realizar visitas de inspección a la zona y de recibir información, evidenció que en la Ruta Nacional de Yarumal existen situaciones que ponen en peligro la conservación de la infraestructura y que afectan la seguridad vial para los usuarios, como el deterioro del talud adyacente debido a la explotación minera ilegal, la ausencia de señalización, y el estacionamiento sobre la vía de vehículos utilizados para el traslado del material extraído de forma irregular, entre otras.

El superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, dijo en su momento que “en este caso queda en evidencia cómo la minería ilegal amenaza la conservación de la infraestructura del transporte, la seguridad en la operación del transporte y la integridad de los usuarios, si se tiene en cuenta que esta actividad se está llevando a cabo en el talud de unos terrenos elevados adyacentes a la carretera, lo cual también genera daños ambientales”.

Esta es la primera vez que se ordenan este tipo de medidas de urgencia por un caso como este, ya que la explotación minera cerca de las vías causa un peligro inminente y afecta la continuidad de la prestación del servicio de transporte, impactando la flora y la fauna, y también, la infraestructura carretera por la caída de material, lo cual generaría posibles cierres que afectarían la economía de la región y del país.

El superintendente también señaló que, “es importante resaltar que en esta zona podría ocurrir un derrumbe con el consecuente cierre de esta vía tan importante, con afectaciones graves para la movilización de productos alimenticios, creando un impacto económico preocupante”.

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