La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó a Francisco Eladio Uribe Ochoa, exmilitar del Ejército Nacional capturado en Haití por el magnicidio del presidente de ese país, Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio de 2021.
Esta decisión la adoptó el tribunal de paz tras concluir que el exmilitar ha incumplido las obligaciones propias como compareciente, en especial las garantías de no repetición. “Pues no solo incumplió un deber objetivo de solicitar autorización para salir del país, sino que, además, y en forma más preocupante como lo señalan los hechos, lo hizo presuntamente con fines de índole delictual”, se lee en el documento de la entidad.
El proceso del exmilitar fue trasladado a la JEP en octubre de 2019. Este hombre era investigado en la justicia transicional por su supuesta participación en casos de ‘falsos positivos’. Uno de los hechos investigados, según la resolución de la JEP, ocurrió el 8 de marzo de 2008 en la vereda Chorros Blancos del municipio de Yarumal, Antioquia. El primero de noviembre de 2000, Uribe Ochoa fue incorporado como soldado profesional del Ejército Nacional, actividad que realizó hasta 2018.
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Para tomar esta decisión, la JEP solicitó información a la Policía Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití, así como a la Fiscalía y dirección de Policía del país centroamericano. Todas estas instituciones informaron que contra Uribe Ochoa y los otros 17 nacionales detenidos corre un proceso judicial en firme.
Los magistrados de la JEP sentenciaron que la decisión “deja sin prerrogativas y beneficios transicionales al compareciente Francisco Eladio Uribe Ochoa, quien a partir de este momento pierde dicha calidad por haber incumplido las obligaciones y deberes que su sometimiento a la JEP y al régimen de condicionalidad al que se encontraba sometido demandaban”.
Dos días después del magnicidio, una mujer que afirmó ser la esposa del exmilitar, dijo en W Radio, que su esposo, con quien llevan 18 años de casada, “fue engañado. Él viajó por que le habían dicho que era una jugosa oportunidad laboral”.
Por el momento, se sabe que los detenidos en Haití han denunciado a través de unas cartas, amenazas de muerte contra sus familias en Colombia. Además, dicen que se encuentran en graves condiciones de salud y no son atendidos de manera correcta. En esta carta, los exmilitares capturados denuncian además, que en ocho meses que llevan detenidos no han tenido defensa técnica porque ningún abogado haitiano se quiere hacer cargo de sus casos.
Ahora el proceso en contra de Uribe Ochoa, seguirá el camino por la justicia ordinaria, que ya lo había llamado a juicio en dos oportunidades, antes de ser aceptado en la JEP. La primera acusación por parte del ente investigador llegó en mayo de 2019. En esa oportunidad fue señalado de la ejecución extrajudicial de Yeferson Rivas y Diego Juan López.
Las investigaciones han señalado que las dos víctimas murieron en la vereda Río Grande del municipio de Don Matías, en Antioquia, a manos presuntamente del Gaula Militar de ese departamento. En otro expediente, a Uribe se lo acusa de participar en la dudosa operación Ferrari en el municipio de Yarumal (Antioquia), en el que una persona sin identificar resultó asesinada con un revólver calibre 38 a su lado.
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