Por qué no se ha solucionado la situación de la llamada Comunidad Bacatá tras siete meses de asentamiento en el parque Nacional en Bogotá

En la visita que realizó Infobae al Parque Nacional, donde actualmente se resguardan 15 distintas comunidades indígenas, se pudo comprobar la “tensa calma” que se siente en el sector, tras los enfrentamientos entre las comunidades y las unidades del Esmad en la noche del pasado miércoles.

Los alrededores del campamento de los indígenas, que cumple siete meses, están llenos de vendedores ambulantes y hay paso normal de transeúntes. De hecho, varios comerciantes como Felipe Buitrago aseguran que la comunidad indígena es cliente frecuente del puesto de arepas y empanadas que tiene.

Incluso, en uno de los extremos que da hacia la Universidad Javeriana hay una improvisada tienda que es administrada por uno de los líderes de seguridad de la comunidad Zenú, Daniel Vargas; allí vende dulces, chicles, mentas, cigarrillos, panela, arroz, sal, huevos y demás víveres con los que intenta mantenerse junto con su esposa Cindy, sus hijos y un cachorro llamado Goliat.

Daniel, junto con varios indígenas, aseguran que el asentamiento se llama Comunidad Bacatá, por “el viejo Bogotá”, pero el líder asegura que allí viven 15 diferentes culturas, o pueblos milenarios, que albergan alrededor de 1.900 personas.

Las cifras contrastan con las presentadas por la Personería de Bogotá, que, en conjunto con el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y la Secretaría de Gobierno, luego de hacer el tercer intento de la caracterización de los indígenas, aseguran que hay 1.585 persona en 536 núcleos familiares, de los cuales la mayoría pertenecían a la comunidades acestrales embera chamí y katío.

En la noche del pasado miércoles, algunos de los miembros de estas comunidades se vieron inmersos en un enfrentamiento con el Esmad, posterior al cual la administración distrital, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, aseguró que los manifestantes indígenas habían cometido desmanes en contra de los ciudadanos que viven y transitan por ese sector de la ciudad.

“Los emberá iniciaron actos vandálicos y violentos contra ciudadanos, vehículos y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo e incluso el personal médico que se encontraba en el lugar”, indicó el secretario de Gobierno de la ciudad, Felipe Jiménez, tras lo cual, las autoridades distritales anunciaron denuncias. “Bogotá rechaza la manipulación de niños para actos violentos y agresión a ciudadanos y servidores públicos, hechos que denunciaremos ante la Fiscalía”, aseguró la alcaldesa Claudia López desde su cuenta de Twitter.

Sin embargo, este jueves, en una rueda de prensa convocada en el parque Nacional, tres líderes de la comunidad presentaron lo que llamaron una denuncia púbica y señalaron que la caracterización fracasó, por “un error humano” en la digitación de las cédulas. Según Jairo, uno de los líderes, la comunidad entregó las cédulas físicas y aún así las autoridades distritales les manifestaron que los números no correspondían con los nombres, lo cual fue una de las causas de las protestas que terminaron en enfrentamientos con la fuerza pública.

Sandra Rosado, líder wayuú, aseguró que es inadmisible que los motociclistas salieran y en tres días les resolvieran sus peticiones, mientras que ellos llevan siete meses y la alcaldesa Claudia López ni siquiera les ha dado la cara.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López reiteró que ha estado atenta para tratar de solucionar la situación que afecta a la comunidad:

Según explicaron sus representantes, lo que están pidiendo puntualmente los pueblos milenarios es que se les garantice el retorno seguro a sus territorios, con el cumplimiento de todos los derechos constitucionales; piden tener la tranquilidad de regresar sin el temor a que los grupos armados, incluido el Ejército, los vuelvan a sacar de allí con amenazas, asesinatos y otros crímenes.

El ofrecimiento que en distintas ocasiones le ha hecho la alcaldía a la Comunidad Bacatá es trasladarlos, lo que ellos interpretan como desalojarlos, hacia el parque La Florida.

Según Jairo y Leonibal Campos, representantes de la comunidad, los indígenas sienten que se están “echando la pelota de un lado para otro”; agregan que les han ofrecido llevarlos a cinco sitios, pero piden que estos lugares tengan “condiciones de dignidad para la habitabilidad y para la seguridad”. Uno de ellos es un coliseo, en el cual, aseguran, no caben los 1.500 indígenas, las otras zonas son sectores llenos de inseguridad y drogadicción, donde Jairo asegura que las Juntas de Acción Comunal no quieren tener el problema “de esos indios”; el último es el parque La Florida, a donde ya fueron trasladados otros grupos indígenas pero donde la comunidad del parque Nacional dice que ha habido 9 muertos. “¿Quién quiere irse al matadero?, nadie quiere ir a morirse allá”.

Goihaitz, turista del País Vasco y voluntario de ONGs que viene de trabajar en comunidades indígenas del Amazonas asegura que es necesario que estas comunidades vuelvan a sus territorios, donde normalmente no pasan necesidades; asegura que esta misma situación la ha visto con los indígenas en otros países, como en Canadá, donde los indígenas en Vancouver viven hacinados a la espera de la restitución de sus derechos.

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