Gobierno nacional avala la destrucción del arroyo Bruno, según comunidades de La Guajira

A pesar de la sentencia de la Corte Constitucional SU-698 de 2017, en la que se amparan los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, instituciones del Gobierno nacional anunciaron su decisión de avalar el informe final sobre la desviación del cauce natural ubicado entre los límites municipales de Albania y Maicao al sur de La Guajira.

De acuerdo con la comunicación enviada por correo electrónico a los demandantes de este proceso, el 6 de abril por la funcionaria Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, con esta versión final del estudio la Mesa Técnica Interinstitucional se espera dar por satisfecho el propósito de la sentencia de la corte.

Y es que la sentencia de 2017 ordenaba la creación de dicha mesa para la realización de un estudio técnico que ofrezca una respuesta informada, con el fin de valorar la viabilidad ambiental de la desviación del arroyo. “Se deberá abrir espacios de participación suficientes a los representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el trámite”, afirmó la Corte en su sentencia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que en esta mesa no se consideró la participación efectiva de las comunidades accionantes wayuu de Paradero y La Gran Parada. “Esta decisión está contenida en un estudio con insuficiencias técnicas y científicas, amañado, sin rigurosidad y con información predominante de la sociedad extranjera Carbones del Cerrejón”.

De acuerdo con la demanda presentada, el plan de la compañía transnacional es dinamitar un tramo del cauce natural del arroyo para expandir la explotación de carbón. En 2020 la Contraloría radicó ante el juzgado de seguimiento, un informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final de ineficiente, el Ministerio Público encontró un total de 14 hallazgos administrativos de los cuales siete “tienen una posible connotación disciplinaria”. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

A esto se suma que en 2017, según los denunciantes, la empresa aceleró las obras de desviación del arroyo, mientras el proceso judicial estaba en curso ante la Corte Constitucional y tenían la obligación de restablecer el paso de las aguas superficiales del arroyo Bruno hacia su cauce natural. “La adopción de esta medida provisional debe resolverse dentro de los treinta 30 días siguientes a la notificación de la presente sentencia”.

Entre las razones ambientales que profirió la Corte para la determinación de la sentencia se encuentran las consecuencias de intervenir un bosque seco tropical, los efectos del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de la Guajira, la magnitud de las intervenciones extractivas efectuadas en el departamento y los efectos de los procesos que históricamente el Cerrejón ha efectuado sobre los cuerpos de agua.

En su comunicación, el Cajar afirma que, “en la elaboración de este estudio, las entidades públicas abiertamente desacataron los lineamientos y criterios contenidos en la sentencia y se dedicaron de forma exclusiva a avalar las bondades del canal artificial”.

La empresa Carbones del Cerrejón Limited ha manifestado que, “cinco años después de que comenzara el proyecto de modificación del nuevo cauce, este se ha convertido en un corredor de biodiversidad de 24 kilómetros que va entre la reserva forestal de Montes de Oca y el río Ranchería. Además de mantener su flujo de agua y albergar a cientos de especies, ha permitido el crecimiento de más de 12.000 árboles, 2.000 de los cuales han nacido de forma natural”, afirmaron a través de un comunicado.

Sin embargo, las comunidades han denunciado que luego de que el arroyo fuera desviado, su caudal ha venido disminuyendo significativamente, hasta casi desaparecer en épocas secas. “La empresa continuó haciendo publicidad sobre un canal artificial con el cual no se tiene una conexión espiritual y cuyo acceso se encuentra restringido por personal de seguridad privada de la compañía y del Ejército”, según denunciaron.

Por su parte, ambientalistas han señalado que La Guajira es un territorio altamente vulnerable a la crisis climática, con una reconocida y aguda crisis humanitaria a raíz de la escasez hídrica y alimentaria. El arroyo Bruno es el acuífero de agua dulce que lo alimenta.

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