Sandra Rosado, líder representativa de la comunidad wayuu calificó como “barbarie” la forma en la que intervino la noche del pasado 6 de abril el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, en el Parque Nacional y agregó que las confrontaciones dejaron 24 lesionados, entre niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
Los hechos comenzaron tras una reunión que se realizó el 6 de abril en horas de la tarde con los líderes del cabildo y representantes de la Alcaldía de Bogotá, encabezados por Horacio Guerrero, y la Personería de Distrital. Durante el mitin, aseguraron en la rueda de prensa, les notificaron que el proceso de caracterización, adelantado hace un par de semanas, en conjunto con el Ministerio del Interior, se dañó por “un error humano” en la digitación de las cédulas, que señalan entregaron físicamente, pero que no correspondían con los nombres, aseguraron los funcionarios.
Esto los motivó a cerrar la carrera séptima, con las vallas de seguridad que delimitan los cambuches en el Parque Nacional. La Comunidad Bacatá dice que su finalidad era disminuir la velocidad con baches, para hacer un “ejercicio pedagógico”, y que la ciudadanía conozca lo que le están pidiendo al Gobierno nacional.
La versión oficial, entregada por el subcomandante de la Policía de Bogotá, coronel Herbert Benavidez, fue:
“Tenemos siete uniformados lesionados con unos dardos que les lanzaron, además de seis buses del SITP, tres particulares y una ambulancia que fueron atacadas con piedras y palos”,
Además, aseguraron que la intervención del ESMAD se hizo con la intención de “desbloquear” el tránsito sobre la carrera séptima. Esto, porque, por cuatro horas, los vehículos y los ciudadanos quedaron atrapados en el cierre de la comunidad indígena.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló:
“La situación del Parque Nacional es injusta e insostenible. Bogotá, rechaza la manipulación de niños para actos violentos y agresión a ciudadanos y servidores públicos, hechos que denunciaremos ante Fiscalía. Esperamos pronunciamiento final de los jueces para llegar a solución definitiva”.
Además, la mandataria defendió la actuación de la Policía y el ESMAD al conocer el balance que dejaron los disturbios:
“(...) los desmanes de quienes obstruyeron la vía, retuvieron 40 vehículos, vandalizaron 13 buses de TransMilenio, retuvieron carros con niños a bordo, y apalearon e hirieron a 10 gestores de convivencia y a un representante de la Defensoría del Pueblo que se encontraba en el lugar”.
No obstante, los hechos que comenzaron a las 6 de la tarde, aproximadamente, se intensificaron luego de que el ESMAD cercara a los indígenas para que no salieran de los cambuches, señala uno de los vendedores ambulantes que trabaja en una pequeña tienda aledaña a la plaza del Parque Nacional.
Esos vendedores ambulantes tuvieron que salir “corriendo” al ver que comenzaron los desmanes, Felipe Buitrago, que tiene un puesto ambulante donde vende arepas y empanadas en la esquina de la carrera 7 con calle 35, fue uno de los que huyó para evitar que le “volvieran a coger a piedra” su carro.
Infobae Colombia hizo un recorrido en la zona y dentro de los cambuches de la comunidad y se pudo evidenciar que los daños, puntualmente son evidentes en la sede de una aseguradora, el antiguo edificio de la DIAN y en una propiedad frente a un reconocido concesionario automotriz.
Nubia Gutierrez, propietaria de una tienda en la carrera séptima con calle 34, aseguró que al principio vio que: “a raíz de las motos, cerraron las calles y vi que represaron unos carros”, agregó que presenció cuando algunos vehículos fueron averiados, pero que no estuvo en el momento en que los indígenas “vandalizaron” las propiedades aledañas.
Muchos de los vecinos y transeúntes del sector señalan que, aunque les preocupa la situación y a nivel económico se han visto muy afectados, apoyan a la Comunidad Bacatá, asegurando que el Gobierno nacional debería atender sus peticiones.
Felipe Buitrago añadió, “que arreglen rápido, por que los comerciantes nos estamos quebrando”, de hecho, varios trabajadores de empresas, universidades y otros locales comerciales tienen prohibido dar declaraciones a la prensa, porque temen represalias por lo comentaros u opiniones que puedan tener sobre la situación.
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