Fiscalía desmiente que se hayan realizado capturas en el cuestionado operativo en Putumayo

Este miércoles 6 de abril el ministro de Defensa, Diego Molano, ratificó la legitimidad de la cuestionada operación militar en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que habrían muerto 11 presuntos miembros de las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y otros cuatro habrían sido capturados por la fuerza pública.

Este operativo militar, realizado el pasado 28 de marzo por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea en la vereda Alto Remanso, el cual fue tachado por organizaciones sociales y habitantes del sector como un caso de ‘falsos positivo’ bajo el argumento de que habrían sido asesinados un grupo de civiles dentro de los que se encontraría un menor de edad, un presidente de una junta de acción comunal y un líder indígena, también fue desmentido por la Fiscalía en cuanto a los capturados.

El ente investigador emitió este martes un comunicado en el que confirma el “reporte del hallazgo de 11 cuerpos sin vida; de tres personas heridas las cuales fueron trasladadas a la clínica de Puerto Asís; y de un menor de edad entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF)”, lo que coincidiría, en parte, con el anuncio hecho por el Ejército, el presidente Iván Duque y el ministro Molano.

Sin embargo, en el documento la Fiscalía precisa que el “componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”, aclarando que el ente investigador no ha puesto a personas a disposición de un juez de control de garantías, con lo que desmentiría la versión oficial.

Con este pronunciamiento de la Fiscalía se refutarían las declaraciones entregadas por el primer mandatario y el jefe de la cartera de Defensa horas después de que se llevara a cabo la operación militar en las que habían asegurado que cuatro presuntos miembros de las disidencias de las FARC habían sido capturados por la fuerza pública.

Esta versión oficial también había sido cuestionada por el investigador senior de la división de las Américas de la Human Rigths Watch (HRW), Juan Pappier, quien señaló que el ministro Molano debía una “explicación a los colombianos y una disculpa a las personas que tildó injustamente de ‘criminales’”.

Por último, la Fiscalía confirmó que continuará adelantando las albores investigativas con el propósito de esclarecer lo ocurrido en medio de este operativo y determinar las responsabilidades a las que haya lugar, en medio de esta grave noticia en la que se denuncia el asesinato de civiles tal como lo pudo constatar la Defensoría del Pueblo.

“El despacho del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dispuso un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Especial contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional de Putumayo. Este grupo ha realizado diversas actividades investigativas y judiciales como inspección técnica a cadáver, procesamiento de la escena, entrevistas, entre otras”, concluyó el ente investigador.

Dentro de las víctimas que ha podido confirmar la Defensoría del Pueblo se encuentran un adolescente de 16 años, el presidente de la junta de acción comunal Davier Hernández Rojas, su esposa, y el líder indígena Pablo Panduro Cochinque.

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