Este jueves 7 de abril una jueza avaló el preacuerdo entre Laude José Fernández, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y la Fiscalía General de la Nación. El exfuncionario pagará cuatro años de cárcel y una multa de 50 millones de pesos por las interceptaciones ilegales al sindicato de Avianca.
Fernández aceptó ante la Fiscalía los cargos en su contra por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales.
Después de tener el aval del preacuerdo, pidió perdón públicamente por los hechos ilegales que cometió. “Le ofrezco disculpas a las víctimas que se vieron involucradas en los hechos que yo estoy aceptando en el día de hoy, porque los lesioné al haber cometido esas conductas”, aseguró el exdirector del DAS.
Las chuzadas al sindicato de Avianca
Según la Fiscalía, Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) contrataron los servicios de inteligencia corporativa de la multinacional Berkeley Research Group (BRG). Laude Fernández era el representante de la multinacional en Colombia — cargo del que fue apartado en 2019 — y habría interceptado las comunicaciones de miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac)
Cabe recordar que en 2017 los pilotos y trabajadores de Avianca realizaron una huelga que duró 51 días en los que se cancelaron 10.000 vuelos, hubo más de 300.000 pasajeros afectados y a 109 pilotos se les terminó el contrato. En 2022, la compañía anunció el reintegro de 104 trabajadores.
En contexto: Avianca reintegra a 104 pilotos despedidos tras la huelga de 2017
La Fiscalía señaló en su momento que las personas que sufrieron las chuzadas de Fernández hacían parte del mencionado sindicato e incluso se interceptaron conversaciones de hijos de abogados y empresarios que eran menores de edad. Entre los afectados se destacan los capitanes y miembros del Acdac, Julián Pinzón, Jaime Hernández y Jorge Mario Medina.
Los demás implicados
Además del exdirector del DAS, en el caso también estuvieron implicados el exjefe de la sala diamante de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora y el exfiscal para el crimen organizado Fabio Martínez Lugo. El ente investigador aseguró en su momento que Fernández concertó un negocio ilícito con ambos para realizar las chuzadas.
Martínez Lugo tiene una situación similar a la de Fernández, puesto que el pasado 30 de marzo el Tribunal Superior de Bogotá avaló el preacuerdo que hizo con la Fiscalía por este caso y recibió una condena de siete años en prisión. El exfiscal fue imputado por los delitos de prevaricato por acción, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y concierto para delinquir.
Como parte del preacuerdo, Martínez tuvo que aceptar su responsabilidad y ofreció disculpas a la comunidad por los daños causados. “Pido perdón a la sociedad colombiana y sobre todo a las víctimas, a ustedes señores magistrados del Tribunal y a mi familia por mi comportamiento, porque con él traicioné y defraudé la confianza que fue consignada en mí para el cumplimiento de la función de mi cargo”, expresó el exfiscal.
El condenado también envió un mensaje respecto a la criminalidad en el país. “Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales”, aseveró Martínez e invitó a los funcionarios judiciales e investigadores a realizar una reflexión frente a las consecuencias de salir del límite de la ley.
SEGUIR LEYENDO: