El mayor deforestador de Chiribiquete o respetada autoridad indígena: la polémica en torno a gobernador acusado de secuestro

Reynaldo Quebrada Quilcué fue presentado como un delincuente e imputado por la Fiscalía con varios delitos de gravedad contra el ambiente y los derechos humanos. Pero su caso rodea un cuestionable operativo del Ejército en San Vicente del Caguán, donde fue capturado y ejercía como autoridad indígena, un expediente presuntamente inflado y un choque de la justicia ordinaria, el Ministerio de Defensa y la jurisdicción indígena.

La Fiscalía General de la Nación presentó a Quilcué este 7 de abril, luego de la judicialización e imputación, “como el supuesto mayor auspiciador de la deforestación en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete”, una reserva declarada patrimonio cultural y natural de la humanidad por la UNESCO, ubicada entre los departamentos de Guaviare y Caquetá.

Allí se desarrolló el pasado 6 de marzo un operativo del Ejército en medio de la campaña ‘Artemisa’ que se dirige contra los delitos ambientales. Ese día, como ha ocurrido en otras operaciones, terminó en un choque con la comunidad de la vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán y el resguardo nasa La Esperanza, que presidía Quebrada Quilcué.

De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en medio de ese operativo, “los militares quemaron varias casas, agredieron a la población allí asentada y murió una una persona en circunstancias aún por esclarecer”.

“Ese mismo día, la comunidad indígena sorprendió a un soldado que ingresó armado al resguardo sin autorización. Este territorio indígena es una zona de paz en la cual no está permitido portar armas, por lo que inmediatamente se abrió un proceso tradicional para determinar la responsabilidad del uniformado por esta falta, en el cual estuvieron presentes delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de San Vicente del Caguán”, agregó la CCJ.

En ese momento, Quebrada Quilcué, como gobernador indígena y en ejercicio de la facultad para resolver conflictos que tienen estas comunidades de acuerdo a su cosmovisión, hizo cumplir la sanción impuesta al soldado, que fue propinarle latigazos.

“El soldado no se opuso a recibir la sanción, que consistió en unos latigazos, y tanto la Defensoría como la Personería estuvieron presentes durante el procedimiento y no lo consideraron arbitrario o violatorio de los derechos fundamentales del uniformado, ni plantearon un conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria, ratificando la legitimidad del procedimiento adelantado por el resguardo en cabeza de su Gobernador”, sostiene el CCJ.

Sin embargo, para la Fiscalía, se trató de una tortura y un secuestro extorsivo. Según expuso el ente acusador, “la investigación da cuenta de que, supuestamente, (Quebrada Quilcué) incentivó a la comunidad para que torturara emocionalmente, golpeara y amenazara de muerte al uniformado. De igual manera, hay evidencia de que fue la persona que obligó al militar a grabar una prueba de supervivencia y a firmar un documento en el que aceptaba recibir latigazos para quedar en libertad”, señaló la Fiscalía en la imputación.

Durante la audiencia, la fiscal delegada calificó como “tortura moral” la retención del soldado. Aseguró que, supuestamente, durante ese tiempo le pasaron machetes por el cuello, le preguntaron si estaba dispuesto a morir y le anunciaban que “había llegado su hora”.

Además, la Fiscalía se basa también en un video que se entregó como prueba de supervivencia del uniformado, en el que Quebrada aparentemente es quien le indica qué decir y fue identificado posteriormente por el mismo soldado.

La CCJ y las autoridades indígenas difieren de las graves acusaciones que ha hecho la Fiscalía. A las que también se sumó el Ministro de Defensa, Diego Molano, al anunciar la captura del gobernador indígena de La Esperanza.

“Esta captura, además de ir en contra de un procedimiento legítimo de sanción propia de la jurisdicción especial indígena, desconoce los usos y costumbres de este resguardo. Como si fuera poco, el Ministro de Defensa agrava a situación estigmatizando a esta autoridad tradicional y tratándolo de “delincuente””, sostuvo la CCJ.

Molano, sin presentar pruebas, calificó a quebrada Quilcué como un “delincuente” y aseguró que se identificaba bajo los alias “El Indio” o “El Rey”, desconociendo que se trata de una autoridad indígena. Además aseguró que promocionaba la deforestación en ese sector del país e invasión de las zonas de reserva, con venta de predios.

“Estigmatizar y criminalizar las formas propias de la administración de justicia indígena representa un grave retroceso en relación con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las autoridades étnicas y el derecho del ejercicio de su justicia propia, de la Constitución de 1991″, señaló la CCJ.

La Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi) tiene una versión distinta de los hechos y la hizo saber mediante un comunicado a la opinión pública. La Fiscalía le imputó a Quebrada los delitos de secuestro extorsivo; promoción y financiación de la deforestación; financiación de invasión de áreas de especial importancia ecológica; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El gobernador indígena no aceptó los cargos y se espera que el juez defina la medida de aseguramiento solicitada por el ente acusador.

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