El Ministerio de Defensa no para de despertar polémica por los más recientes operativos de la fuerza pública, cuyos resultados son cuestionados por ciertos sectores de la sociedad civil. En esta oportunidad, el reproche vino por una captura que el ministro Diego Molano anunció a través de sus redes sociales y también presentaría irregularidades.
Se trata del gobernador del cabildo nasa La Esperanza, Reinaldo Quebrada Quilcué. En un video, el ministro de Defensa se refirió a él como alias El Indio o El Rey. La versión de Molano es que la captura se registró en el casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en conjunto con “la Sijin, la Dipol, la Dicar, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación”.
Quebrada Quilcué será sindicado por los delitos de secuestro extorsivo, promoción y financiación de la deforestación, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y financiación de la invasión a áreas especiales de importancia ecológica y estratégica.
La fuerza pública y el ente acusador señalan que Quebrada Quilcué “participó en el secuestro de un miembro del Ejército Nacional durante el desarrollo de las actividades operativas en la vereda El Triunfo, del municipio de San Vicente del Caguán, en esta fase de la campaña Artemisa”.
Ese soldado es Juan Sebastián Bonilla Melo, quien duró cuatro días retenido en una asonada contra los militares que adelantaban esa operación para detener la invasión de terrenos en el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, ubicado entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. Finalmente fue liberado el pasado 11 de marzo.
Además, según Diego Molano, “esta persona sería la determinadora de la deforestación en el Parque Nacional el Chiribiquete, quien vendía predios dentro del parque auspiciando la colonización y el daño ambiental. Además de esto fue auspiciador de la protesta violenta en contra de la Fuerza Pública, con el fin de evitar estas operaciones contra la deforestación de la campaña Artemisa”.
La versión de las autoridades indígenas
La Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi) tiene una versión distinta de los hechos y la hizo saber mediante un comunicado a la opinión pública. Según las autoridades indígenas, la operación Artemisa ha causado violencia sistemática contra sus pueblos, de modo que solicitaron una reunión para este martes 5 de abril con el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos de Colombia —adscrito al Ministerio del Interior—, el pastor Carlos Alberto Baena.
El encuentro contaría con la presencia de todos los líderes de la región, de modo que Reinaldo Quebrada Quilcué también llegó al casco urbano de San Vicente del Caguán. En ese momento fue abordado por la Fuerza Pública y capturado.
El comunicado de la Conpi sugiere que esta es la segunda vez en seis meses que capturan de forma arbitraria al gobernador del cabildo. La primera ocasión fue el 18 de septiembre de 2021, durante otra fase del operativo Artemisa. En aquel entonces, Quebrada fue trasladado hasta San José del Guaviare para judicializarlo.
“En esos mismos hechos también fueron detenidos varios campesinos de la vereda El Triunfo y fueron quemadas las humildes viviendas y pertenencias de estas familias”, señala el comunicado.
La Conpi exige al presidente de la República, Iván Duque Márquez, “que se respeten y garanticen los derechos fundamentales territoriales de los pueblos indígenas de San Vicente del Caguán (Caquetá), sur del Meta y Guaviare”. Además, responsabilizan al Gobierno nacional de “cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física y cultural, de forma colectiva o individual, de nuestras autoridades tradicionales”.
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