Los errores en el conteo de votos y reporte de las cifras durante las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo, mantienen la lupa sobre el proceso electoral que lidera la Registraduría, cuando resta poco menos de dos meses para las presidenciales. Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó realizar una auditoría internacional a los sistemas de información.
La Sala Plena de la autoridad electoral que tiene la función de inspección, control y vigilancia del proceso, decidió el pasado 1 de abril solicitar la auditoría, “debido a las situaciones de origen técnico que tuvieron impacto negativo en el reciente proceso de elecciones legislativas”.
“En cumplimiento de esa atribución, de frente a las elecciones presidenciales, se solicita la revisión mediante una auditoria de carácter internacional, dirigida a los procesos y sistemas que durante las elecciones legislativas presentaron inconvenientes”, señaló César Augusto Abreo, presidente del CNE, a través de la solicitud enviada al registrador Alexander Vega.
Entre los sistemas, deberá realizarse inspección a la Informática y logística de información al votante (Infovotantes), que durante las primeras horas del 13 de marzo no funcionaron por “sendas fallas que pudieron tener incidencia en limitar las posibilidades de los ciudadanos para ejercer su derecho al sufragio durante el proceso de elecciones legislativas”, según el CNE.
También deberá haber revisión de los sistemas informáticos, seguridad y componentes tecnológicos de escrutinios de orden auxiliar, municipal, distrital, departamental y general; escrutinios de nivel nacional; e inscripción de ciudadanos.
“Para todos los casos, se pretende una profunda revisión basada en tres aspectos principales, que son Sistemas Informáticos (incluyendo revisión de código fuente en escrutinio nacional), Seguridad de la Información y Procesos. Esta revisión evaluará el grado de eficiencia, efectividad, los controles, la administración de los riesgos, examen critico y sistemático todo el software dentro del alcance, mediante la ejecución de pruebas, evaluaciones, trabajo de campo de auditores especializados y entrega de informes”, sostuvo el CNE.
Así mismo, deberá realizarse seguimiento estricto a los procesos y evaluar el grado de cumplimiento de los controles, con revisión de casos de uso y flujos, en el Software para la Comisión Escrutadora Nacional, el Sistema de Control de Seguimiento en la WEB, el Soporte y Logística, Infraestructura Tecnológica y en soporte y seguridad informática. Esto con el fin de garantizar la credibilidad en el proceso electoral.
El presidente del CNE aclaró al Registrador que, de no contar con los recursos suficientes para contratar la auditoría, realice la gestión correspondiente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para un proceso de licitación abierta que cumpla con los requisitos definidos por la autoridad electoral.
Los partidos y líderes políticos coinciden en solicitar que el registrador Alexander Vega decida separarse el cargo por los errores que causaron una de las crisis de credibilidad más importantes de las últimas décadas en contra de la institución.
Más aún, cuando restan las elecciones presidenciales en al menos dos escrutinios (primera y segunda vuelta), en mayo y junio respectivamente. En los cuales deberá evitarse una nueva desconfianza de los resultados y las derivadas crisis institucionales.
Así lo expresó el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez durante el debate de control a la Registraduría. Aunque Vega no asistió, debido a que no puede ser citado por el legislativo, el senador solicitó que se nombre un registrador ad hoc para las presidenciales y que el actual se retire del cargo.
En las pasadas elecciones, el primer conteo de los votos tuvo una diferencia negativa de casi 600 mil con el recuento, principalmente en una sola de las listas legislativas, el Pacto Histórico, que a su vez fue la más votada. Eso significó que esa coalición tuviera cuatro curules más de las presupuestadas inicialmente y otros partidos perdieran un escaño en la cámara alta. Ahora, los se vieron perjudicados aseguran que se trató de una adulteración de los resultados, mientras que los beneficiados sostienen que lograron impedir un robo electoral.
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