Carlos Mattos aceptó dos de los cuatro cargos que se le imputaron y pidió perdón

En medio de una nueva audiencia del Caso Hyundai, realizada este 7 de abril, el empresario Carlos Mattos se declaró culpable por corrupción judicial. El acusado fue imputado por utilización Ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, cohecho y daño informático. Cabe anotar que Mattos solo aceptó su responsabilidad por los últimos dos.

Es importante precisar que Mattos solo pudo responder por estos cargos porque fueron los delitos por los que España, país donde estuvo hasta noviembre del año pasado, lo concedió en extradición. En el país europeo solo existen los delitos de cohecho y daño informático.

Así las cosas, asumir su responsabilidad significa que Mattos aceptó sobornar a jueces de la República y otros funcionarios judiciales para beneficiar la empresa que dirigía. Por colaborar con el proceso, será beneficiado con una rebaja de hasta la sexta parte de la pena. Esto significa que podría estar en la cárcel entre cinco y ocho años.

Hay que recordar que a Mattos se le señala de pagar cerca de 2.600 millones a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, entidad que presidía.

Dicha empresa controlaba la venta de los vehículos de la marca surcoreana en Colombia hasta 2016, año en que el fabricante le otorgó los derechos a Neocorp, filial colombiana de NeoHyundai, que a su vez hace parte del grupo empresarial Eljuri, uno de los conglomerados más poderosos de Ecuador. El último también es dueño desde 2001 de la importadora MetroKia, encargada de dicha marca en territorio colombiano; y de JAC desde 2013.

Su apropiación de Hyundai resultó en un duro pleito con Mattos, quien comenzó por denunciar a dicho grupo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin soltar la tenencia de la representación de Hyundai, a punta de sobornos y jugadas judiciales.

En primer lugar, habría pagado al menos $2.500 millones entre 2015 y 2016 a varios funcionarios judiciales y al juez Reinaldo Huertas para que desviaran una demanda en contra de Hyundai hacia el despacho de este último, para que el mismo fallara medidas cautelares a favor del primero y ordenara que el fabricante surcoreano no pudiera hacer negocios en Colombia con nadie diferente.

Cuando el caso avanzó y Neocorp continuó buscando la representación de la marca automotriz en Colombia, Mattos respondió con un nuevo juego de tutelas, para que la jueza Ligia del Carmen Hernández ordenara inspeccionar una filial de su competencia. Para ello, le pagó por lo menos $100 millones. No obstante, esta última fue descubierta por la Fiscalía y en 2019 recibió una condena de dos años de prisión.

Con las investigaciones iniciadas en 2018, el empresario salió del país hacia España, dando inicio a una intensa puja por lograr su extradición.

Esta fue finalmente aprobada por primera vez en febrero del año pasado y retrasada en múltiples ocasiones, tanto por recursos interpuestos por la defensa del empresario, como por quebrantos de salud que él mismo ha venido experimentando.

Todo cambió el pasado 6 de octubre cuando las autoridades del país europeo finalmente dieron captura cuando se aprestaba a comparecer en una citación en la Audiencia Nacional de España. Así, y con todo el papeleo aprobado desde inicios de año, la justicia española terminó la luz verde final para el traslado a Colombia.

El abogado Francisco Bernate, representante de la Rama Judicial como víctima, consideró que la aceptación de cargos es un paso positivo para la administración de justicia.

Al término de la audiencia Mattos señaló: “ante los colombianos presentó mi mas sinceras disculpas, lo mismo que a la judicatura y a mi familia”, además envió un mensaje a los colombianos, “que tomen un ejemplo de mi de lo que no se debe hacer”.

Mattos señaló que mantiene su intención de indemnizar a la Rama Judicial como víctima y que ese dinero sea usado para la formación de funcionarios judiciales.

El juez citó para el próximo 22 de abril para dar a conocer la suma que deberá pagar de acuerdo con la sentencia.

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