Ya hay fecha para la audiencia contra la elección de registrador Alexander Vega

El magistrado de la Comisión Quinta del Consejo de Estado Luis Alberto Álvarez Parra finalmente le prestó atención al proceso en contra de la elección del registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, que reposaba en su despacho desde 2019. Para dar continuidad al caso, que en realidad es la suma de tres demandas distintas, el consejero citó a varios testigos y solicitó un material de prueba.

Entre otras cosas, Álvarez citó a los tres magistrados que en aquel entonces presidían los altos tribunales y tomaron la decisión de elegir a Vega: Gloria Ortiz, magistrada de la Corte Constitucional que fue presidenta de esa corporación en el periodo 2019-2020; Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez, magistrada del Consejo de Estado; y Álvaro Fernando García Restrepo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Además, será escuchado el secretario ad hoc, Juan Enrique Bedoya, quien tendría información adicional sobre los aspirantes a registrador que llegaron al Centro Social de Oficiales de la Policía (Cespo) —incluidas las planillas de asistencia—, los presentes en las entrevistas y las circunstancias que motivaron los cambios a última hora.

El consejero también pidió el enlace que supuestamente fue provisto para garantizar que las entrevistas fueran públicas, las invitaciones a los medios de comunicación al evento y las pruebas de que ese día hubo disturbios en el centro de Bogotá.

Son varios los argumentos de las demandas impuestas en 2019 contra la elección del registrador. Uno de ellos es el puntaje que Vega obtuvo en la prueba clasificatoria de conocimientos: 453,423 puntos. En teoría, se llamarían a entrevista solamente a los diez primeros puntajes, siempre y cuando hubieran obtenido 500 puntos o más.

Pese a que el puntaje conseguido por el actual registrador no llegaba a ese umbral, Vega fue citado a la entrevista. Allí obtuvo 285 puntos de 300 posibles, calificación suficiente para hacerse con el puesto.

Como si fuera poco, las demandas dicen que Vega “no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales para haber sido elegido como tal”. Para llegar a ese cargo, el registrador debió demostrar 15 años de experiencia en la rama judicial, el ministerio público, el derecho o la cátedra universitaria sobre temas jurídicos.

Pese a ello, Vega puso en su hoja de vida que trabajó en dos sitios distintos al mismo tiempo: fue jefe suplente, abogado consultor y litigante en el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Abogados, mientras era director ejecutivo de Transparencia Electoral.

Los demandantes aseguran que estas experiencias laborales simultáneas no pueden sumar doble antigüedad dentro del concurso público, con lo cual Vega apenas tendría un total de nueve años, diez meses y cuatro días de experiencia previa a su elección como registrador. No cumplir con ese requisito constituiría una violación del numeral cuarto del artículo 232 de la Constitución Política de Colombia.

Finalmente, las demandas también señalan que se cambió el lugar de las entrevistas a último minuto: no se hicieron en el Palacio de Justicia, como es costumbre, sino en el Cespo. Además, no se hizo de forma pública, sino a puerta cerrada.

El argumento que se manejó el 10 de octubre de 2019 para cambiar el lugar y cerrar las puertas del público fue una serie de manifestaciones que causaban ruido y alteraciones del orden público en cercanías del Palacio de Justicia. El consejero determinará la idoneidad de esta decisión.

Hasta este miércoles, que el tema se reactivó, la investigación se había abandonado porque una funcionaria de la Procuraduría General se había declarado impedida para manejar el tema; de eso han pasado ya tres años.

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