Ventanilla creada en el gobierno de Santos para legalizar rápidamente actividades mineras podría caerse en el Consejo de Estado

La “ventanilla minera” fue una propuesta creada por el Ministerio de Minas en el año 2012, la cual buscaba abrir la puerta para que las empresas mineras presenten solicitudes para el otorgamiento de permisos que les permitan desarrollar sus actividades. Esto, significa que podrían operar en zonas legalmente excluidas, donde pueden generar impactos ambientales, sociales y culturales graves y/o irreversibles.

En el año 2013, organizaciones ambientalistas, comunidades residentes en zonas mineras, académicos y el senador Iván Cepeda; presentaron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que buscaba detener el programa que también se conoció como la “locomotora minera”, impidiendo la solicitud de licencias en territorios protegidos como reservas naturales.

La demanda instaurada ante el gobierno tenía un reporte de la Procuraduría, donde señalaba que había títulos mineros en 34 parques naturales; incluido un denominado “catastro minero”, donde señalaban que en comunidades negras y territorios indígenas habían dichos títulos.

El senador Cepeda había declarado que

la solicitud fue aceptada y sancionada en el año 2018.

La resolución determinó la suspensión de las actividades mineras hasta cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establezca en un término no mayor a tres años, las respectivas delimitaciones y/o zonas de reserva de recursos naturales, tales como humedales, paramos, parques naturales, aguas subterráneas, y demás áreas de importancia ecológica, con base en estudios técnicos, idóneos, integrales, precisos, adecuados y eficaces, que garanticen la preservación del ambiente y de los recursos naturales. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la resolución hasta el año 2021.

Las instituciones demandadas en ese momento fueron: Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El gobierno apeló la decisión del Tribunal en primera instancia, donde le ordenó cumplir con sus obligaciones ambientales antes de seguir entregando títulos mineros.

Dicha apelación llegó al Consejo de Estado, allí la corporación decide solicitarle a la Procuraduría de asuntos ambientales un informe sobre la minería en áreas protegidas para documentarse de la investigación y decidir si suspende el procedimiento de titulación minera, sin el cumplimiento de ordenación ambiental del territorio. Según El Espectador, los documentos están en el despacho del magistrado Roberto Serrato, quien tomará la decisión después de Semana Santa.

Serrato además de aprobar o no la apelación del fallo, debe contemplar los pedidos sobre el cuidado medioambiental y de las poblaciones que se pueden ver afectadas en caso de permitir nuevamente la expedición de licencias mineras.

Según la Red de Desarrollo Sostenible existen 3 grandes temores en caso de que vuelva la “ventanilla minera”; primero, que no haya garantías que se vuelvan a conceder títulos de forma irregular; segundo, no existe información pública que permita hacer veeduría ciudadana, lo que viola principios como el de la transparencia; por último, existe una gran preocupación por lo que pueda pasar en el Amazonas, allí existe un especial interés por la explotación de oro, coltán, vanadio entre otros “minerales estratégicos”.

Se espera entonces, que el Consejo de Estado defina cuales son las zonas que quedan excluidas para la minería, esto permitirá definir cuáles son las ubicaciones de los recursos naturales y así determinar si vuelve o no la “ventanilla minera”.

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