Procuraduría hace llamado a la JEP para investigar la relación de agentes del Estado con las Farc

Recientemente a las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó un documento de la Procuraduría General de la Nación. Entre las 24 páginas que componen el informe del Ministerio Público, este le solicitó a la JEP que indagará por los nexos entre agentes estatales y terceros civiles con las antiguas guerrillas de las Farc.

En el documento conocido por W Radio, la procuradora delegada ante la JEP planteó sus peticiones y observaciones de cara a los nuevos macrocasos que se abrirán pronto por parte de este tribunal. En cuanto a la línea de investigación y relación de funcionarios públicos con exguerrilleros, explicó que “así como se busca investigar y juzgar esa connivencia, cooperación y alianzas que se produjeron entre miembros de la fuerza pública con terceros y con agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, se haga lo propio con las Farc”, señala el documento.

Esta solicitud de la Procuraduría se realiza en el marco de la apertura de nuevos macrocasos por parte de la JEP, “estos serán de alcance nacional, se organizarían en función de los distintos actores e incluirían una multiplicidad de conductas criminales, para así cubrir todos los patrones macrocriminales del conflicto armado”, afirmó en su momento el tribunal de paz.

En el documento conocido por el medio de comunicación, la entidad nacional sostuvo que, “se deben abrir cuatro nuevos macrocasos relacionados con los siguientes hechos victimizantes: desplazamiento forzado, desaparición forzada, delitos de violencia sexual, y utilización de métodos y medios ilícitos de guerra. Lo anterior, de conformidad con el principio de centralidad de las víctimas y con él, las solicitudes realizadas por ellas y por organizaciones de la sociedad civil”, se lee en el documento.

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Asimismo, advirtieron a la JEP que es necesario que fortalezca su Sala de Reconocimiento, la cual está a cargo de las investigaciones. Esto de cara a la apertura de los nuevos macrocasos, alertando que de no hacerlo y mantener su infraestructura de personal actual no cubriría debidamente las nuevas líneas de investigación.

En este mismo sentido, la Procuraduría fue enfática en que, “los fines perseguidos con la priorización de estos nuevos macrocasos no van a poder ser alcanzados con los recursos humanos con los que cuenta la Sala actualmente. Por ello, se reitera la necesidad de una transformación y adecuación de la Sala para hacer frente a las demandas y expectativas de justicia”, concluye.

En relación con las denuncias sobre la falta de garantías de seguridad para las víctimas, el ente de control solicitó medidas de protección para diez personas que manifestaron tener un riesgo en su vida o integridad. “Que se articule, en coordinación con otras autoridades y organismos de seguridad del Estado, un proceso de seguimiento e implementación, oportuno e integral, para garantizar que estas medidas de protección tengan una verdadera materialización”, manifestaron los procuradores delegados.

También solicitaron que se fortalezca la atención diferencial a la población étnica y discapacitada y se ponga la lupa a las denuncias de amenazas por las víctimas, así como a los sitios donde estas, afirmaron que hay restos de personas desaparecidas.

Por eso, otro de los pedidos de los procuradores a la JEP es brindar medidas cautelares al Cementerio central de Bucaramanga (Santander), al cementerio de Cartago (Valle del Cauca) y a las inmediaciones de los municipios de Lengupá (Boyacá) y Charalá (Santander), lugares donde presuntamente se encuentran cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia.

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