El ministro de Defensa, Diego Molano, entregó su versión este miércoles en una rueda de prensa acerca del operativo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que ha sido catalogado por algunas organizaciones sociales como un falso positivo. El jefe de cartera aseguró que la operación fue “legítima” y planeada desde hace cinco meses antes de dar luz verde a su desarrollo.
Molano explicó que la inteligencia de la Armada tenía información sobre la presencia de grupos ilegales en el territorio, que realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico. También señaló que el propósito del operativo era hacer efectiva una orden de captura y en el proceso “se cumplieron con todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario”.
Las afirmaciones del ministro fueron respaldadas el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, quien aseguró que el operativo trataba de afectar a una red ilegal que venía delinquiendo en la región.
El jefe de cartera detalló que los habitantes de la región estaban siendo afectados por los combates entre el frente 48 y el frente ‘Carolina Ramírez’ de las disidencias de las Farc. Por su parte, el general Óscar Alexander Tovar, jefe jurídico del Ejército, indicó que en la zona del operativo se habían registrado 454 víctimas por minas antipersonas en un periodo de dos años.
Cabe recordar que después del combate se reportó la baja de 11 supuestos integrantes de la disidencias de las Farc. Eventualmente, organizaciones sociales denunciaron que realmente serían civiles, de los cuales dos eran líderes sociales y otro sería un menor de edad. La Defensoría del Pueblo detalló que las víctimas son el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.
Ante la polémica que se ha generado por el operativo, Molano recalcó que la Fiscalía, la Procuraduría y la justicia penal serán las encargadas de esclarecer lo sucedido en Puerto Leguízamo. No obstante, el jefe de cartera fue citado a un debate de control político en el Congreso de la República para hablar acerca de este hecho.
Los senadores Antonio Sanguino y Angélica Lozano radicaron una proposición de debate de control en contra del ministro, en la que se pretende adelantar de manera pormenorizada los detalles del hecho. Los ponentes destacaron que en el operativo había presencia de comunidades protegidas y resaltaron las dos víctimas indígenas que cayeron en el operativo.
Al debate fueron citados: Molano, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Lina María Arbeláez y el Comandante del Ejército nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Asimismo, fueron invitados el fiscal general, Francisco Barbosa, y el director (e) del Instituto Colombiano de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez Pájaro.
Operación del Ejército en Putumayo podría calificarse como “falso positivo”
Una Misión de Verificación se trasladó a la zona de injerencia para investigar el hecho. Tras la recopilación de datos obtenida, concluyeron que dicha intervención se trató de una ejecución extrajudicial y a pesar de que la delegación reconoció la posible presencia de actores ilegales en Puerto Leguízamo, señalan que esto no justifica la incursión armada.
“Esta ejecución extrajudicial contra la población de El Remanso y las comunidades vecinas que participaban del bazar, también fue dirigida contra grupos humanos altamente protegidos por el derecho internacional humanitario como los pueblos indígenas, los líderes y lideresas sociales y los menores de edad, quienes cayeron asesinados en el hecho”, se lee en el comunicado de prensa de la Misión. A su vez, mostraron una preocupación debido a que reconocen los mismos patrones de comportamiento con los falsos positivos investigados en otras épocas.
SEGUIR LEYENDO: