Operación del Ejército en Putumayo podría calificarse como “falso positivo” confirmó comisión humanitaria que visitó la zona

Tras el operativo realizado por el Ejército Nacional el pasado 28 de marzo, en Puerto Leguízamo, Putumayo, una Misión de Verificación se trasladó a la zona de injerencia para investigar el hecho. Tras la recopilación de datos obtenida, concluyeron que dicha intervención se trató de una ejecución extrajudicial, en este caso, tanto operativo como la posteridad del mismo, dejó dudas abiertas en relación a este caso, aunque la principal justificación del ministerio de Defensa, es que buscaban dar un fuerte golpe a las estructuras armadas de la denominada Segunda Marquetalia, las evidencias encontradas por parte de la Misión demuestran lo contrario.

Aunque esta delegación reconoce la posible presencia de actores ilegales en la zona, destacan que esto no justifica la incursión armada que dejó en medio del fuego a la población, además de la vulneración de derechos humanos que está pudo sufrir, en el comunicado, la Misión aseguró: “esta ejecución extrajudicial contra la población de El Remanso y las comunidades vecinas que participaban del bazar, también fue dirigida contra grupos humanos altamente protegidos por el derecho internacional humanitario como los pueblos indígenas, los líderes y lideresas sociales y los menores de edad, quienes cayeron asesinados en el hecho, cabe resaltar que, estas prácticas son de gran preocupación para la Misión, teniendo en cuenta que son sistemáticas y que corresponden a los mismos patrones de comportamiento ya investigados en otras épocas en el territorio”.

De igual forma, se destacó que este operativo quiso ser presentado por la cartera de Defensa, como una acción en contra de blancos legítimos, a su vez, la Misión le solicitó al ministerio Defensa y el Gobierno Nacional, que rectifiquen las afirmaciones realizadas en contra de la comunidad, teniendo en cuenta que, según ellos su dignidad se ve vulnerada completamente, además, piden la oportuna protección tanto pueblos indígenas, como las distintas comunidades que han sido participe de este exterminio, señalándolo como un crimen de lesa humanidad y ponderando la necesidad de que se tomen medidas disciplinarias en contra de los militares involucrados.

Asimismo, se le exige la Fiscalía que realice las investigaciones de manera imparcial y que no busque favorecer a ninguna de las partes implicadas, además de esto, se solicita que el Ejército Nacional no haga presencia en la zona, a la hora en que los testimonios estén siendo recogidos, teniendo en cuenta que esto se asume como una medida intimidatoria.

De igual forma, la Misión explica que, desde su construcción de paz, busca que la comunidad internacional acompañe a esta población y permite realizar cambios en la crisis humanitaria que viven, convocando al desarrollo de un Acuerdo Humanitario que busque cesar con la violencia en contra de comunidades afrodescendientes e indígenas, además de eliminar todo tipo de brecha que genere estigmatización en contra de los habitantes de sus territorios.

Según Noticias Uno, la Coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Yuri Quintero, explicó que surgen dudas por la manera cómo se aborda a la comunidad, puesto que esta fue rodeada y señalada directamente de pertenecer a un grupo armado ilegal por parte del Estado, situación que evidencia las ansias de justificación de este operativo.

A su vez, Diana Sánchez, Directora de la Organización Minga y Vocera Plataforma Colombia - Europa - EE.UU, le explicó al medio ya mencionado que, el Ejército buscaba manipular esta información mediante un amparo jurídico, pues en este caso, señalaba que toda la población inmiscuida en el lugar, tenía que ver con el delito y se consideraba como objetivo militar, pues según la información del ministerio de Defensa, los abatidos pertenecían directamente al grupo armado Segunda Marquetalia y no eran campesinos como lo señalan distintos versiones, señalando: “el Ejército está tratando de darle vuelta y crear una manipulación jurídica del DIH-Derecho Internacional Humanitario, para justificar lo que pasó, para decir que toda la población que estaba ahí era narco-cocalera, toda guerrillera y había que matarla”.

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