“Hay una responsabilidad con estas comunidades”: parlamentario europeo durante visita a resguardos indígenas de La Guajira

Los parlamentarios comprobaron que los trabajos realizados por Carbones del Cerrejón están obligando al desplazamiento de cerca de 35 comunidades indígenas y afroguajiras

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Fotografía de archivo, de camiones que transportan material extraído de la concesión del Cerrejón en La Guajira (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo, de camiones que transportan material extraído de la concesión del Cerrejón en La Guajira (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Esta semana tres parlamentarios europeos visitan la alta Guajira y la Sierra Nevada con el fin de constatar las violaciones a los derechos humanos de la minería de carbón y otros proyectos minero energéticos que amenazan la pervivencia de los pueblos arhuaco, wayuu, kogui y wiwa.

La delegación del Parlamento Europeo es encabezada por los representantes Brendan O’Hara, de Escocia, Claire Hanna y Gary Gannon, de Irlanda del Norte, durante su visita a la alta Guajira, comprobaron que los trabajos realizados por Carbones del Cerrejón están obligando al desplazamiento de cerca de 35 comunidades indígenas y afroguajiras.

Es así que Gary Gannon, integrante del Comité de Asuntos Exteriores de Irlanda, precisó que, “hay una responsabilidad con estas comunidades” y añadió “tenemos una responsabilidad con estas comunidades, no podemos ser indiferentes”.

Según Jenny Ortiz, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), los parlamentarios europeos “van a elaborar un informe y se iniciaría un proceso de debate parlamentario en Europa sobre la responsabilidad que tienen las empresas, en particular, las que eran dueñas de Cerrejón sobre la responsabilidad y el comportamiento empresarial”.

Además, durante esta primera visita los delegados han comprobado cómo el Cerrejón guajiro pasó de lugar sagrado a zona de sacrificio de los pueblos indígenas, y de las 35 comunidades indígenas y afroguajiras desplazadas por la expansión del proyecto minero, ocho viven en confinamiento, otras despojadas y desarraigadas de sus prácticas culturas y redes de solidaridad.

Los impactos acumulados y sufrimientos cotidianos que padecen las personas y la naturaleza en zonas de sacrificio terminan en muerte lenta y silenciosa del territorio de la cual nadie asume responsabilidades”, explicó el equipo de investigadores del Cinep a los parlamentarios.

Así mismo, precisaron que las comunidades étnicas han elevado un clamor a los parlamentarios británicos e irlandeses para que se libere el arroyo Bruno, que ha sido desviado de su curso original casi cuatro kilómetros; que cesen los territorios de sacrificio y que haya respeto por la vida.

También hicieron un llamado a la comunidad internacional para el diseño e implementación de proyectos que busquen mejorar la calidad de vida para las mujeres wayuu y afro y sus comunidades; que haya reparación integral de los territorios ancestrales, cumplimiento de acuerdos e impulso a proyectos productivos.

Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río, que por generaciones le dio sustento a las comunidades que aquí habitan, y cómo estas comunidades se relacionan con el medio ambiente. También soy consciente de las decisiones que tomamos en Irlanda y del carbón que hemos consumido de El Cerrejón durante 20 años. Tenemos una responsabilidad con estas comunidades, no podemos ser indiferentes, por eso estamos aquí”, afirmó durante su recorrido el parlamentario Gary Gannon.

Los parlamentarios también resaltaron que en Colombia se sigue promoviendo la expansión de la frontera minera y en particular del carbón mientras en los países europeos están implementando procesos de descarbonización de sus economías.

Finalmente, ratificaron que la operación minera de Cerrejón va hasta 2034, lo que tendrá incidencia en el cambio climático, aumentando enfermedades relacionadas con el calor y la contaminación, afectando la soberanía alimentaria y dificultando aún más el acceso al agua en La Guajira.

Vale recordar que en un informe de 2022 de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) señaló que, “las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. En 2021, al menos 32 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de comunidades indígenas wayuus— murieron en el departamento de La Guajira”.

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