Citaron a debate de control político al ministro de Defensa por el operativo en Putumayo

Los congresistas Angélica Lozano y Antonio Sanguino radicaron la solicitud, que busca que el funcionario esclarezca este hecho

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Diego Molano es citado a
Diego Molano es citado a un debate de control en el Senado EFE/Carlos Ortega/Archivo

Después del revuelo causado por la operación militar del Ejército Nacional en Puerto Leguízamo, Putumayo, distintos sectores políticos del país han cuestionado el actuar del Gobierno Nacional. En este caso los senadores Antonio Sanguino y Angélica Lozano, radicaron una proposición de debate de control en contra del ministro de Defensa Diego Molano y distintos funcionarios de las principales entidades del país, inmiscuidas en esta situación, además de resaltar el antecedente con pasadas operaciones que, según estos senadores, buscan ser exaltadas como legítimas con el fin de dar resultados militares positivos.

Los cuestionamientos por parte de los cabildantes, buscan que, desde la cartera de Defensa y las principales autoridades militares, se dé parte oficial y detallado acerca de los operativos en donde se visto afectada la población civil, cabe resaltar que, por este tipo de hechos, el ministro Diego Molano ya ha estado citado en la Cámara Alta, pues se cuestiona el proceder de la Fuerza Pública desde su dirigencia.

La preposición expuesta en el Congreso, pretenda adelantar de manera pormenorizada los detalles del hecho, pues los ponentes destacan la presencia de comunidades protegidas, destacando el caso de los indígenas que cayeron en esta operación, el documento reza: “Apruébese por la Plenaria del Senado de la República la realización de un Debate de Control Político con el objetivo de que las autoridades competentes brinden la información y respondan ante la plenaria de esta corporación sobre “las operaciones militares que ha realizado el Ejército Nacional y en los cuales han sido víctimas civiles y menores de edad”. Estos hechos, vuelven a la discusión pública atendiendo que el pasado veintiocho (28) de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo en operación militar en contra de las disidencias de las FARC, murieron 11 personas de las cuales, por lo menos 7 eran civiles, uno era un menor de 16 años, y el Gobernador del Cabildo Kichwa”.

Si bien, la acción militar estaba dirigida en contra el frente 48 de los grupos residuales de las FARC, varias denuncias afirman que la incursión ocasionó la muerte de varios civiles que estaban presentes en el bazar de la vereda El Remanso, en esta región del Putumayo, razón por la cual el senador Antonio Sanguino, exige la renuncia del ministro Molano, señalando: “El ministro Molano debe renunciar ante el macabro hecho que intentan justificar. Estamos hablando de la vida de un joven de 16 años, como otros menores que han muerto en operativos militares bajo la política de seguridad democrática del Gobierno Duque. Esto es indignante e insostenible”.

Noticias Caracol obtuvo en su momento, un video que demostraba la presencia de menores de edad en el lugar del ataque, previo a este, no obstante, a pesar de haber realizado dicha inteligencia, se ejecutó la acción bélica, esta situación fue cuestionada por la senadora Angélica Lozano, quien cataloga este acto como una masacre, asegurando: “Las denuncias de la comunidad son radicalmente diferentes a la versión que ha entregado el Gobierno. Los ciudadanos afirman haber estado en un bazar y, como agravante, había menores. Aquí hay información clara y documentada que demostraría una masacre. ¿Volvieron los falsos positivos?”.

Aunque el principal cuestionado es el ministro Diego Molano, el señalamiento va en contra del Comandante del Ejército, el Fiscal General de la Nación, entre otros, la preposición destaca: “Al debate fueron citados el ministro de Defensa Diego Molano Aponte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Lina María Arbeláez. De la misma forma, el Comandante del Ejército Nacional de Colombia, General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Asimismo, fueron invitados el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y al Director (E) del Instituto Colombiano de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez Pájaro”.

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