Por un nuevo caso de estafa con proyecto de vivienda en San Gil, Santander, cinco personas fueron imputadas por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal.
La Fiscalía General de la Nación informó que los señalados fueron acusados debido a las múltiples irregularidades que se registraron en el proyecto de vivienda denominado La Coruña, promovido por la Asociación de Vivienda Cachalu en San Gil, Santander.
Un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander logró la imputación de las cinco personas señaladas de hacer parte de la mencionada asociación, que al parecer se habría apropiado de 1.935 millones de las familias que pusieron las esperanzas de adquirir vivienda en este proyecto que resultó un fraude.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, al menos 76 familias entregaron el dinero con el fin de obtener una vivienda en el proyecto urbanístico mencionado. Los recursos fueron entregados a la Asociación de Vivienda Cachalu entre 2013 y 2017.
Según el proyecto que se les vendió a las 76 familias que fueron estafadas, el proyecto de vivienda en San Gil contemplaba la construcción de cuatro torres de apartamentos, cada una de cinco pisos, así como 60 parqueaderos y 15 locales comerciales.
El ente investigados estableció que además de las irregularidades en la construcción del proyecto de vivienda, a algunas de las familias se les entregó, de manera irregular, supuestas escrituras de las viviendas sin siquiera haber sido construidas.
La Fiscalía General de la Nación informó que tras las investigaciones, se pudo establecer que solo se construyó la construcción de una de las cuatro torres pero de manera parcial y, al parecer, “se les ha venido mintiendo a los compradores a quienes, en algunos casos, les han entregado escrituras de inmuebles que no se han construido”.
Los imputados por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal fueron identificados como Martin Emilio Rodríguez Salazar, Patrocinio Salazar Gómez, Sonia, Consuelo Ríos Velásquez, Cindy Melissa Wandurraga Ríos y Sandra Milena Bautista Merchán.
Estas personas, según el ente acusador, fueron cobijadas con medidas privativas de la libertad.
Alcalde de Soledad, Atlántico, es investigado por un caso similar
En Soledad, Atlántico, se conoció un caso muy similar al anterior. Sin embargo, en ese sitio el predio que se usó para engañar familias además había sido obtenido de manera ilegal.
Por este caso, hace unos días la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación que involucra al alcalde de Soledad y otros funcionarios del municipio.
Desde noviembre del año pasado la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por la presunta estafa que sufrieron al menos 50 familia que, con engaños, compraron terrenos en este predio por valores entre los ocho y doce millones de pesos.
Esta investigación inició tras la denuncia de una pareja de adultos mayores, quienes aseguraron que hombres armados supuestamente con amparo policivo, arribaron a su terreno de doce hectáreas, se apropiaron de él de manera ilegal y posteriormente empezaron a delimitarlo en al menos 4.500 lotes. Es de resaltar que el terreno no contaba con licencia de loteo o construcción.
Esos lotes eran los que se le vendían a otros ciudadanos con falsas promesas de compra venta, por las que hoy se investiga tanto al alcalde de Soledad, como a otros seis funcionarios de ese municipio del Atlántico.
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