363 detenidos en casa por cárcel se han fugado en 2022: Inpec

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general Tito Castellanos, reveló este miércoles en una rueda de prensa que 363 detenidos que estaban cobijados con detención y prisión domiciliaria se han fugado en lo que va de 2022. El funcionario indicó que los casos se reportaron luego de realizar un plan de inspección en diferentes zonas del país.

La entidad determinó que hay más de 74.000 que tienen el beneficio de casa por cárcel en Colombia, de esos 363 escaparon en los primeros cuatro meses del año. Frente al plan de inspección, el oficial explicó que se incrementaron los controles para establecer en qué casos hubo complicidad por parte de los encargados de vigilar la custodia de los detenidos y condenados.

El Inpec solicitó a los jueces de penas de la República que declaren como tal la fuga para procesar a los prófugos por ese delito. “Estamos haciendo un control más exhaustivo y hemos pedido a los jueces de control de garantías que se les revoque la medida y estamos en una corresponsabilidad con las autoridades y hasta con el mismo privado de la libertad, porque es una responsabilidad compartida”, aseguró el general Castellanos.

Cabe recordar que el pasado 4 de abril, la Corte Constitucional aseguró que existe una violación sistemática de derechos en las URI y estaciones de Policía. La Sala Plena estableció un plan de acción a mediano y largo plazo, cuya implementación deberá tomar máximo seis años, en el que ordena, entre otras, “disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares”.

Ante la decisión del tribunal, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, anunció en la rueda de prensa que este miércoles 6 de abril se comenzará el traslado de 2.643 condenados que se encuentran en URI y en estaciones de Policía a diferentes centros carcelarios. Estas acciones se registran tras las orden de la Corte de mover de estos establecimientos a los reclusos en menos de dos meses.

El plan de acción de la Corte Constitucional

Lo establecido por el alto tribunal consta de dos fases: una transitoria y otra definitiva. En la primera se ordena el traslado de los reclusos en un periodo de dos meses, la cual ya inició por parte del Ministerio de Defensa. A su vez, se establece que el Inpec tienen cuatro meses se le debe garantizar a los privados de la libertad condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficientes, y deberán separar los centros de detención entre hombres mujeres, menores y mayores de edad.

En caso de que el hacinamiento persista, los entes territoriales deberán disponer de inmuebles, bajo su dominio o por arrendamiento, que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y sanidad adecuadas, para trasladar temporalmente a personas recluidas. Para ello contarán con un año.

En la fase definitiva, la Corte Constitucional afirmó que, una vez cumplida la fase transitoria, junto con el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), los entes territoriales deberán dar una solución definitiva a la ampliación de cupos para la población procesada. Para esto, deberán determinar cómo será su financiación.

El alto tribunal aseguró que los ministerios de Justicia y Hacienda tendrán que incluir en el Presupuesto General de la Nación un rubro destinado específicamente a la ampliación de cupos en establecimientos carcelarios.

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