“Resulta vergonzoso que para acceder al derecho a la salud sean necesarias acciones judiciales”: Defensoría del Pueblo

Desde la Defensoría del Pueblo se envió un duro mensaje a los actores del sistema de salud colombiano por la precariedad del servicio que se presta en el país. La entidad dijo que no es admisible que los ciudadanos deban interponer acciones legales para acceder a sus derechos.

La entidad indicó que este llamado de atención se hace en el marco del inicio de las brigadas integrales de promoción y prevención de los derechos a la salud y la seguridad social de 2022. En este primer ciclo la Defensoría del Pueblo está atendiendo las quejas de los usuarios de Caquetá, Huila y Putumayo.

La Defensoría aseguró que el año pasado se adelantaron varias de esas jornadas en diferentes regiones del país y gracias a ellas se logró que el 90 % de las quejas de los ciudadanos fueran resueltas. Sin embargo, señaló que lo ideal es que los ciudadanos no tengan que acudir a las acciones de tutela, ni a la intervención directa de la Defensoría del Pueblo para que se garantice el derecho fundamental a la salud.

Se detalló que las principales conductas vulneratorias son la negación o falta de oportunidad en procedimientos, cirugías, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas, que representan el 29 % de los casos. En la lista siguen la falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas (24 %), y la negación, falta de oportunidad o entrega parcial de medicamentos incluidos en el plan básico de salud (20 %).

Con este panorama, el defensor del Pueblo pidió a los entes territoriales ejercer las funciones y competencias que les otorga la ley para el debido cumplimiento que se les exige a las IPS y EPS. Además, reiteró la importancia de diseñar e integrar todos los planes de gobierno municipal con el plan departamental de salud.

El defensor se dirigió directamente a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud y les recordó tres de sus responsabilidades:

1) Asegurar una red prestadora de salud, suficiente y georreferenciada, de acuerdo con el domicilio de sus afiliados

2) Adoptar medidas conducentes para evitar la interrupción de tratamientos y rehabilitación de los pacientes

3) Realizar auditoría de calidad y cumplimiento a su red prestadora de salud, entre otros.

Mientras se solventan estos problemas, la Defensoría aseguró que seguirá capacitando y formando personas en mecanismos de protección de los derechos humanos con énfasis en salud y seguridad social. Además, desarrollarán reuniones de diálogo en colaboración armónica con los personeros, jueces, secretarios de salud y dirigencia sindical del magisterio para coordinar acciones de protección de los derechos.

Cabe anotar que solo entre enero y mayo de este año 30.164 ciudadanos interpusieron tutelas contras las EPS, mientras que en 2020 se registraron 81.899 de estos recursos, de acuerdo con Change.org, que recopiló datos de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Superintendencia Nacional de Salud.

Además de acudir a los recursos de tutela, los ciudadanos han comenzado a exigir el respeto del derecho a la salud mediante plataformas digitales como Change.org, en la que, entre 2020 y 2021, fueron creadas 879 peticiones que exigen a la SuperSalud y a las EPS la autorización de tratamientos, entrega de medicamentos y la realización de cirugías.

De las 879 iniciativas, que fueron apoyadas, firmadas y compartidas por más de 5′587.000 ciudadanos, solo 48 respuestas obtuvieron respuestas directas de las autoridades, menos del 6 %.

SEGUIR LEYENDO: