Con la liquidación de Medimás a principios de marzo, en los últimos 3 años, la Superintendencia Nacional de Salud les ha realizado este proceso a 13 EPS. Solo con este último caso, cerca de 1,5 millones de personas que estaban afiliadas, están a la espera del traslado para entidades que les puedan garantizar el servicio.
Según los informes de seguimiento de la Supersalud estas son las empresas que están incumpliendo el decreto 2702 de 2014, por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud: S.O.S., Capital Salud, Capresoca, Convida, CCF Sucre, CCF Nariño, CCF Huila, CCF Guajira, Ambuq, Savia Salud, Comfaoriente, Coomeva, Emssanar, Asmet, Ecoopsos, Coosalud y Medimás.
Cifras presentadas por El Colombiano, muestran que 6.769.943 pacientes están afiliados a las EPS que tienen vigilancia especial por la Supersalud. De hecho, una de ellas está bajo toma de posesión. Esto significa que dichas empresas deben presentar un plan de mejoramiento al ente regulador, también, tendrán que reportar constantemente los indicadores de su desempeño con el fin de entrar en riesgo de liquidación.
A pesar de ser una medida “temporal”, procesos que duran entre seis meses y un año, algunas EPS han recibido prorrogas, lo que los lleva a operar al límite de la ley. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, ya había alertado sobre el incumplimiento de los indicadores financieros de varias EPS.
De hecho, el plazo que tenían para cumplir los requerimientos del decreto 2702 de 2014, era el pasado 31 de diciembre. Allí debían acreditar un capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas y un régimen de inversión de las reservas técnicas, tanto en el régimen subsidiado como contributivo; de lo contrario deberán salir del mercado.
Cabe resaltar, que las EPS tuvieron 7 años para que lograran “ponerse al día”, donde el gobierno les dio gabelas y beneficios para que lograran el cumplimiento. Según expertos, la cartera que acumulan las EPS es de casi 10 billones de pesos.
La Defensoría del Pueblo denunció que un alto porcentaje de las quejas que recibe la entidad son por fallas en los servicios que prestan las Entidades Prestadoras de Salud en el país, por lo que se reiteró el llamado a que se atienda de mejor manera a los usuarios.
“Un 29 por ciento de las quejas presentadas son porque las EPS niegan el acceso a cirugías programadas, a exámenes o procedimientos, y un 24 por ciento es por la falta de asignación de citas con especialistas”,
dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
La crítica situación preocupa a clínicas y hospitales, que se ven muy afectados por que, al momento de liquidar las EPS, dejan deudas que “quedan en el aire”, por ejemplo, la salida de Comparta, Coomeva y Medimás, del sistema de salud del país, le dejó a 50 hospitales del departamento del Tolima, de primer, segundo y tercer nivel, una cartera de 135 mil 798 millones de pesos, que nadie les garantiza que sea recuperada.
Uno de los grandes problemas para los usuarios, es que al momento que su EPS queda liquidada, son trasladados a otras empresas, bajo la promesa que no quedarán sin la cobertura de salud, pero muchos de ellos son pacientes crónicos, con tratamientos vitales en curso, o que están a la espera de exámenes o procedimientos que ya fueron aprobados o están a la espera que el trámite se realice. Es por esto que temen quedar sin dichas diligencias, que más allá de un trámite pueden significar la vida o la muerte de los pacientes.
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