Esposa de Rodolfo Hernández compró apartamento en EE.UU. en medio de licitación de Vitalogic

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y actual candidato presidencial, fue investigado hace un tiempo por posibles hechos de corrupción cuando lideraba la cartera de la ciudad santandereana, luego de que las autoridades encontraran que el hijo del candidato presidencial, Luis Carlos Hernández, al parecer, suscribió un acuerdo en donde estipulaba repartir comisiones si se llegaban a adjudicar contratos relacionados con el relleno sanitario de El Carrasco a la empresa Vitalogic. En el proceso, el candidato que se ha apoderado de la bandera anticorrupción como parte de su campaña, ha mencionado que hubo errores por parte de su hijo pero que estos no son un delito como lo han mencionado las autoridades.

Este 3 de abril, salió otro asunto que estaría relacionado con el caso y que inmiscuye a la esposa de Hernández, Socorro Oliveros de Hernández. Cuestión Pública sacó a la luz que Oliveros compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a la tasa de cambio actual) en la Florida, Estados Unidos y que la compra de estos inmuebles se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de la comisión del consorcio Vitalogic.

De acuerdo con el medio, Luis Carlos Hernández le pidió a Luis Andelfo Trujillo, su exsocio, el 21 de julio de 2016, que le ayudara a conseguir 50.000 dólares porque su mamá se tenía que ir “la otra semana a firmar los papeles de la compra del apto a Miami”. Pero antes de esto, el hijo del candidato presidencial ya le había comprado 50.000 dólares a Jhon Horacio Rueda Polanía a través de Trujillo, según un chat privado.

Lo del cambio de dólares a alias “Jhon Cabezas” pone en aprietos a los Hernández, pues el sujeto fue capturado en el 2021 debido a una investigación por lavado de activos y en su pasado, en el 2010, ya había sido investigado por lavado de activos relacionados con narcotráfico. Luego de la primera propiedad adquirida, el 6 de abril de 2017 se llevó a cabo la compra de la segunda propiedad en Estados Unidos por parte de Socorro Oliveros de Hernández, por la cual pagó 630.000 dólares.

De acuerdo con Razón Pública, las dos propiedades fueron vendidas tiempo después, pero estas propiedades que sumaban más de un millón de dólares habrían sido adquiridas en gran parte con la comisión que recibió el hijo del candidato por el acuerdo de Vitalogic por el que sigue la investigación contra Rodolfo Hernández y su hijo.

La Fiscalía aceptó principio de oportunidad para testigo en el caso de corrupción que salpica al candidato presidencial Rodolfo Hernández

José Manuel Barrera, otrora gerente de la empresa de Aseo de la capital santandereana durante la alcaldía del ahora candidato presidencial Rodolfo Hernández, será el testigo estrella en el proceso por contrataciones, al parecer, amañadas que se dieron esa entidad municipal.

En el periódico El Tiempo informaron que la Fiscalía General de la Nación le concedió el beneficio judicial del principio de oportunidad a Barrera con la condición de que delate a todos los implicados en el caso de corrupción que salpica al candidato presidencial.

De acuerdo con el diario bogotano, Barrera testificaría en contra de Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del exalcalde de Bucaramanga, a quien se señala de que filtró información privilegiada de la contratación municipal y cobró coimas si la firma Vitalogic se quedaba por una década con el manejo de residuos de esa ciudad, en un convenio por 750.000 millones de pesos. Según ese medio de comunicación, el heredero de Hernández fue captado en un video llevando a cabo este posible acto de corrupción.

Entre tanto, en la revista Semana reseñaron que el exgerente de la empresa de Aseo está respondiendo por los delitos de celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, que inicialmente no aceptó, pero que bajo este principio de oportunidad le permitirá obtener beneficios judiciales, si cumple dentro del plazo de un año con su compromiso de delatar a los implicados en el entramado de corrupción.

“El término de suspensión de la acción penal será de un (1) año, en aras de que el postulado cumpla su compromiso de colaborar con la justicia y comparezca al juicio como testigo de cargo contra las personas señaladas en el acuerdo de colaboración”, citaron en ese medio del documento judicial.

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