La Fiscalía acusó formalmente al abogado Luis Ignacio Lyons España, por el delito de cohecho por dar y ofrecer, cuando defendía al exsenador Musa Abraham Besaile quien fue procesado en 2014 por tener nexos con grupos paramilitares. Dicha conducta delictiva la habría cometido el jurista dentro del sonado escándalo del Cartel de la Toga, que se destapó en 2017 y que involucró a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que a cambio de sobornos habrían otorgado beneficios judiciales en casos que llegaron hasta ese tribunal.
Se señala que los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Enrique Malo Fernández, por intermedio del condenado exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y del abogado Leonardo Pinilla, sindicado de ser alias Porcino, supuestamente habían acordado recibir 2.000 millones de pesos por parte de Lyons y de esta manera favorecer a Besaile.
“Los elementos probatorios dan cuenta de que Lyons España, en calidad de defensor del excongresista, atendió una propuesta que le hizo el abogado Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura contra su cliente y otras actuaciones”, explicaron en la Fiscalía.
En la investigación del ente acusador encontraron que hubo un pago inicial de 300 millones de pesos que se entregaron en dos momentos distintos y 150 fueron para Lyons España.
En el organismo investigador indicaron que tras esta diligencia judicial, iniciarían en mayo las audiencias de preparación de juicio ante un juez del circuito de Bogotá.
Por este caso de nexos con grupos paramilitares, Musa Besaile intentó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero en enero de este año fue expulsado por decisión de la Sección de Apelación, y de nuevo el proceso contra el exsenador quedaría en manos de Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con lo conocido por la emisora, los magistrados habrían confirmado la decisión de primera instancia, en la que la Sala de Definición lo había expulsado de la JEP luego de haber concluido que, “sus relatos no constituyen verdad plena, no aportan información relevante para develar las dinámicas del conflicto armado en Colombia y también se advierte que en ellos se evidencia una falta de actitud proactiva y seria” como se lee en la Resolución 3525 de 2021.
En ese mismo sentido, el fallo explicó que Besaile debía “presentar una verdad adicional para que su proceso cumpla con los fines de la JEP, pues debe aportar otros elementos que permitan esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado”.
Sin embargo, la actitud de Besaile “durante las diligencias estuvo más encaminada a controvertir su responsabilidad en los hechos investigados que a aportar verdad plena”, argumentó la JEP en el fallo que habría sido confirmado .
En su momento el fallo ordenó que el expediente de Besaile por el delito de concierto para delinquir, debía ser remitido a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, así mismo pidió que la JEP fuera excluida del conocimiento de los procesos que lleva ante la Procuraduría y el Consejo de Estado.
Además, también ordenó “no conceder el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada” que había solicitado Besaile.
Vale recordar que el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, después de que Besaile fuera expulsado de la JEP dijo en Blu Radio que el excongresista no fue exacto ni concreto y que, “la JEP no puede ser un escampadero de políticos”. También recordó que quienes no hace aportes a la verdad son expulsados por un incidente de incumplimiento.
Es importante recalcar que, Besaile había presentado una tutela porque presuntamente se le había vulnerado su derecho al debido proceso y a la dignidad humana. Tutela que se supo fue rechazada en los primeros días de enero de 2022.
Cabe recordar que, la JEP en un primer momento admitió el sometimiento del exsenador Besaile por delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y peculado por apropiación, que tienen que ver con sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá para lograr su elección como senador.
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