Violencia armada y estigmatización, los principales riesgos de las defensoras y lideresas en Antioquia

Este miércoles 30 de marzo la Defensoría del Pueblo informó que los principales risgos de las defensoras de derechos humanos y lideresas sociales en el departamento de Antioquia son producto de la violencia armada y la estigmatización de su labor por parte de su entorno y algunos funcionarios públicos.

Así lo anunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su intervención en la Audiencia Defensorial que busca visibilizar los riesgos colectivos que enfrenta esta importante población en el departamento, en el que hizo entrega de un informe que evidencia que la violencia de grupos armados ilegales ha tenido repercusiones en los derechos a la “vida, integridad y seguridad de las mujeres que luchan por sus comunidades”.

“Este es el primero de los informes territoriales que se construirán sobre las intervenciones realizadas en Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, regiones de mayor afectación para la labor de defensa de los derechos humanos. Así, podremos mejorar las capacidades institucionales para identificar los riesgos diferenciales de lideresas y defensoras, fortalecer la articulación interna y el enfoque de género en las alertas tempranas”, señaló el defensor.

Asimismo, indicó que la violencia física, sexual, psicológica, patrimonial e institucional impactan de manera desproporcionada en las mujeres que adelantan procesos con sus comunidades en el departamento, con el agravante que la violencia sexual perpetrada por las agrupaciones armadas es utilizada como “ejemplarizante” para las lideresas y defensoras y sus comunidades, a través del cual buscan la dominación, el control y silenciamiento.

De igual manera, indica que en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el norte y el Valle de Aburrá se aumenta el riesgo colectivo contra las mujeres que adelantan liderazgos comunitarios y promueven los derechos humanos debido a la desprotección social, en especial para las comunidades campesinas y étnicas, y a la limitada oferta estatal en materia de “acceso a la justicia, resolución de conflictos y seguridad humana”.

“Antioquia es el segundo departamento con mayores índices de violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos (el primero es Cauca), situación que se manifiesta en asesinatos, amenazas y agresiones. Y los municipios con más riesgos son Medellín y Bello (Valle de Aburrá); Ituango, Briceño y Valdivia (norte); Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza (Bajo Cauca); Apartadó, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá, Turbo y Carepa (Urabá)”, detalló el defensor Camargo.

Dentro de las recomendaciones a los entes judiciales se les insta a fortalecer la capacidad técnica institucional operativa en los municipios afectados, lo que permitirá asegurar el acceso a las lideresas y defensoras de derechos humanos, así como acelerar las investigaciones que permitan esclarecer las intimidaciones y amenazas que han sido denunciados, así como incorporar un enfoque intersecciones de género en las acciones y la variable ‘lideresas’ en los sistemas de información.

Asimismo, le sugirieron a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías adoptar mecanismos institucionales dentro de los planes de prevención y contingencia con el propósito de incorporar rutas de atención y protección de estas mujeres que dedican sus esfuerzos por el cuidado de sus comunidades, así como incluir Iniciativas institucionales que busquen su protección en centros de acogida o casas de refugio.

“Al Ministerio del Interior implementar, en articulación con la gobernación de Antioquía y las organizaciones de mujeres, los lineamientos para la participación de las mujeres en el comité de impulso del Programa Integral de garantías; así como el plan de acción que permita prevenir, proteger y brindar las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, contra lideresas, defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades”, concluyó la Defensoría.

SEGUIR LEYENDO