Procuraduría le solicita al Ejército explicaciones por el operativo en Putumayo en el que asesinaron civiles

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ejército Nacional información que permita esclarecer los hechos que ocurrieron en medio del operativo militar del pasado lunes 28 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que fueron asesinadas 11 personas, quienes según informó el Gobierno nacional, serían disidentes de las FARC. Sin embargo, organizaciones sociales sostienen que eran campesinos y líderes comunitarios.

A través de una misiva, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos le pidió al comandante de las fuerza militares, Luis Fernando Navarro, copias de la orden que soportó el desarrollo de esta operación al sur del país, así como del informe operacional del despliegue militar que se llevó a cabo en la vereda El Remanso, en la que presuntamente habían sido abatidos integrantes del Frente 48 del grupo residual que delinque en este sector.

“Se permite solicitar el informe de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos, recuperados, desmovilizados, desvinculados y/o sometidos, incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma”, indica la carta envidada a general Navarro.

Asimismo, pide que se comunique si por estos hechos en los que se evidenció el asesinato de civiles, tal como lo denunció la comunidad y organizaciones como la Red de Derechos Humanos de Putumayo y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), se realizó la apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria desde la Inspección General de las Fuerzas Militares.

Esta solicitud del Ministerio Público se produce luego que se conocieran las denuncias de la población, las cuales aseguraban que se trataba de un supuesto caso de “falsos positivos” en el que murieron un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad y un gobernador de un resguardado indígena, y en el que no aparecen los cadáveres de otras de las víctimas de este operativo, lo que contrastaba con las versiones oficiales.

“Esta información resulta altamente contradictoria con la presentada por el Ejército y el Ministerio de Defensa a la opinión pública. Resulta entonces necesario recordar que los ataques contra la población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual es imperativo que desde el comando central de las fuerzas militares se sirva aclarar lo acontecido en el operativo realizado el pasado 28 de marzo”, concluyó la Procuraduría.

Este cuestionamiento del organismo de control a la fuerza pública se produce un día después que la Defensoría del Pueblo confirmara la muerte del presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un menor de16 años y el gobernador indígena Pablo, Panduro Coquinche, mientras que el ministro de Defensa, Diego Molano, respaldaba la operación del Ejército asegurando que habían sido incautado “arsenal de guerra”.

Horas antes del comunicado de la Defensoría, donde se confirmaría este nuevo caso de falso positivo, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional le aseguró a El Tiempo, “que quede claro, aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

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