Polémica entre el Ejército de Colombia y organizaciones campesinas por la muerte de 11 personas en un operativo militar

Todo un show mediático ha trascendido en Colombia luego de la masacre ocurrida en la vereda El Remanso, en Puerto Leguizamo (departamento del Putumayo). Allí, murieron 11 personas, entre las que habían civiles. Sin embargo, el Gobierno nacional aseguró que fue un golpe contra las disidencias de las FARC, lo que causó la reacción de varias organizaciones de derechos humanos, de los candidatos presidenciales, de la Procuraduría General de la Nación y hasta del presidente Iván Duque.

De acuerdo con lo que informó el ministro de Defensa, Diego Molano, dentro de los 11 fallecidos habían nueve supuestos guerrilleros a quienes, supuestamente, se les había encontrado “arsenal de guerra”. Así mismo, el funcionario del gobierno Duque dijo que el “operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”.

Esas versiones fueron duramente criticadas desde varios sectores, dado que dentro de las víctimas se identificó al “presidente de la Junta de Acción Comunal (Divier Hernández), su esposa (Ana Sierra), un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena (Pablo Panduro), entre otras personas”, según dio a conocer la Defensoría del Pueblo.

Es más, el mismo jefe de Estado señaló, a través de su cuenta de Twitter, que su gobierno neutralizó a los supuestos criminales del frente 48 de las disidencias de las Farc, conocido como “Comandos de la Frontera”.

Todas esas versiones desde el Ejecutivo colombiano fueron desvirtuadas por organizaciones en pro de los derechos humanos tanto en Putumayo, como en Colombia. Es más, hasta Naciones Unidas (ONU), y su representación en el país emitieron pronunciamientos al respecto.

Los habitantes de esa vereda denuncian que miembros del Ejército Nacional arribaron a un bazar y abrieron fuego, presuntamente, contra varios de los participantes del evento. Sin embargo, desde el Gobierno se asegura que en ese lugar habían, supuestamente, miembros de grupos armados y paramilitares, a quienes buscaban “neutralizar”, término usado para explicar las dadas de baja.

Por ahora, ni el gobierno Duque, ni las fuerzas militares han respondido por qué, dentro de los 11 muertos confirmados por la Defensoría del Pueblo, están el presidente de la Junta de Acción Comunal, el gobernador del pueblo indígena y hasta un menor de edad; hechos que desvirtuarían las versiones del jefe del Ministerio de Defensa. Es más, ratifica que no tenían claro a quiénes iban a dar de baja.

Inclusive, en las últimas horas se conoció un comunicado del Movimiento Campesino Cocalero MOVICCAAP, de Putumayo, donde los habitantes de esa vereda, en la que ocurrió la matanza, presuntamente a manos de la fuerza pública, narran vario de los tenebrosos momentos que enfrentaron cuando se abrió fuego contra la comunidad.

En ese texto, difundido por la directora de la Asociación MINGA, Diana Sánchez, se asegura que al lugar no solo arribaron soldados, sino también “hombres vestidos de negro” que habrían asesinado a varios civiles.

Una vez los helicópteros del Ejército llegaron a la vereda El Remanso, la comunidad dice que pensó que los defenderían. Sin embargo, aseguran que vieron que los mercenarios -que tenían fusiles y armas de largo alcance- se montaron, presuntamente, a los helicópteros del Ejército colombiano y huyeron tras dejar esa sanguinaria escena.

Es más, dicen que hay más de 11 muertos, pues varios de los culpables del suceso habrían tirado otros cuerpos a las aguas del río Putumayo.

La Red de Derechos Humanos de Putumayo y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), así como la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, e inclusive desde otras de las entidades del Estado, le exigen al Gobierno nacional, así como al Ejército, esclarecer estos tenebrosos sucesos que recuerdan la época de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) que vivió el país hace años.

Por su parte, en la mañana de este jueves 31 de marzo, la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Margarita Cabello, le pidió prontas respuestas al Ejército sobre los sucesos que hoy tienen en vilo a los putumayenses y les recordaron que “los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario”.

En esa línea, el Ministerio Público les exigió anexar los documentos que avalen la operación militar en la que perdieron la vida, por lo menos, esos 11 ciudadanos, donde se especifique el “informe de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos, recuperados, desmovilizados, desvinculados, sometidos, incautaciones de material de guerra (...)”, señaló la entidad, que le dio plazo al Ejército hasta este viernes 1 de abril para anexar dicha información.

Al momento, se esperan nuevos pronunciamientos por parte de las autoridades, y del mismo Gobierno nacional, que ha sido increpado por el candidato presidencial, Gustavo Petro. “No es neutralización señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las Farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. En mi gobierno se acaban definitivamente los falsos positivos”, señaló el aspirante por el Pacto Histórico.

Esos comentarios causaron la reacción del ministro de Defensa, que adjuntó un video donde se ve a hombres encapuchados, desvirtuó la pulla del líder de oposición y lo llamó “embustero”.

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